La Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, y el presidente de la Comunidad General de Riegos de Levante, Javier Berenguer, han rubricado este viernes el convenio que fija el pago aplazado de los 11 millones de euros que una sentencia obliga a abonar a la comunidad de regantes por la prohibición desde 1994 de la caza en el humedal.
En virtud ese convenio, que pone fin a un proceso judicial iniciado hace más de 6 años, la Generalitat Valenciana se compromete a pagar la indemnización fijada por la resolución judicial 11 millones de euros en un plazo máximo total de 15 meses.
El acuerdo firmado establece unos pagos aplazados y fija los intereses en 1’9 millones de euros. La cantidad de indemnización se abonará en tres plazos, a razón de 3 millones de euros cuando se firme el convenio, otros 3 a lo largo del presente mes de diciembre y 3’1 millones en diciembre de 2019. Los intereses legales se abonarán durante el primer trimestre de 2020.
El montante económico al que asciende el convenio se va a destinar a la construcción de una estación desalinizadora a partir de la que se confía en poder obtener en torno al 50% de los recursos hídricos que necesitan anualmente los 22.000 agricultores con los que cuenta la entidad Riegos de Levante. Además, tanto la conselleria como Riegos de Levante han destacado los "beneficios medioambientales" de esa futura instalación.