La Sociedad de Transformación Agraria (SAT) San Enrique celebra este sábado una asamblea abierta a la ciudadanía en el centro de congresos de Elche.
En el encuentro se anunciará la firma inminente del convenio entre la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó y el Ministerio de Medio Ambiente merced al que la SAT San Enrique comenzará a recibir agua, con concesión expresa para ello, de ese trasvase. Del mismo llegará agua tanto a la SAT San Enrique -regantes de la margen derecha del Vinalopó- como a los agricultores de San Pascual -margen izquierda-.
Ahora bien, a esta última entidad no puede llegar dado que la Generalitat aún no ha acometido la conducción necesaria para ello.
Según ha explicado este jueves a Onda Cero Elche el presidente de la SAT San Enrique, Ángel Urbina, se confía en que la firma de ese convenio se pueda producir como mucho a mediados de abril de modo que el agua del trasvase Júcar-Vinalopó, por primera vez con concesión expresa, pueda comenzar a llegar en mayo.
Con ello, los recursos hídricos para la campaña de verano estarían garantizados dado que la concesión de la que disfruta la SAT San Enrique es de 1’5 hectómetros cúbicos.
El agua procedente del trasvase Júcar-Vinalopó llegará al embalse José Ramón García Antón y de forma paralela a la firma del convenio que normalizará la concesión, la SAT San Enrique ejecutará la última fase de modernización de regadíos a lo largo y ancho de las 500 hectáreas que trabajan sus 600 comuneros.
Recurso contencioso-administrativo
En la asamblea de la entidad agraria, cuya hora de inicio se ha fijado para las 10:30 horas, también se dará cuenta del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto San Enrique para obtener la propiedad del 20% del embalse El Toscar, infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó para cuya construcción la entidad aportó la compra de ese porcentaje de los terrenos sobre los que se asienta el embalse. Los regantes insisten en que la ley vigente en la Comunitat lleva a que en ese tipo de obras los usuarios finales de la infraestructura a construir aporten los terrenos para ello, encargándose la Generalitat de la dotación del embalse y revirtiendo finalmente la propiedad del mismo en los regantes. Dado que el actual Gobierno valenciano ha revertido, a juicio de los regantes, de forma unilateral esa premisa, la SAT San Enrique ha interpuesto un contencioso contra el gobierno valenciano a la espera de poder cerrar un acuerdo con el mismo antes de que se celebre una vista judicial.