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La Generalitat Valenciana recurrirá en los tribunales cualquier movimiento que se produzca en el seno de la comisión técnica de explotación del trasvase Tajo-Segura en el sentido de la incorporación a la misma de más representantes, además contrarios al trasvase, como es el caso de los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, cabecera del trasvase.
En declaraciones a Onda Cero, Mireia Mollà, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha sido rotunda y ha considerado que el acuerdo alcanzado en ese sentido por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha lo que supone es que la citada comisión pierda su carácter técnico para tomar color político.
Esa comisión técnica es la que tiene en su mano los trasvases desde la cuenca del Tajo a la del Segura. Sus miembros emiten mensualmente un dictamen recomendando al Ministerio para la Transición Ecológica si, en función de las condiciones de los embalses de cabecera del trasvase, se abren o no las esclusas de éste para envía agua a las provincias de Alicante, Almería y la Región de Murcia.
La consellera de Agricultura ha defendido claramente que el acuerdo para la incorporación de representantes antitrasvasistas en esa comisión “no tiene razón de ser”, ha expresado su rechazo frontal a la decisión y ha advertido que si lo anunciado se concreta administrativamente, ese acto será inmediatamente recurrido por la Generalitat Valenciana en los tribunales de justicia.
La consellera de Agricultura ha defendido que las condiciones del Tajo-Segura están reguladas por el Memorándum del trasvase, al que se dotó de rango de ley, y ha abogado por el cumplimiento estricto del mismo.
En la provincia de Alicante se nutren del agua procedente del Tajo los 20.000 comuneros con los que cuenta la Comunidad General de Riegos de Levante, cuyos cultivos se distribuyen por las comarcas de la Vega Baja, la del Baix Vinalopó y L’Alacantí.