Estima que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa 1.000 solicitudes de pisos

La PAH de Elche pide a la nueva Corporación que se tome “en serio” la problemática de falta de recursos habitacionales

Insiste en que los alquileres que ofrecen el mercado inmobiliario son inaccesibles incluso para ciudadanos con trabajo y reclama medidas para que no haya desahucios sin alternativa de vivienda para los afectados

David Alberola García

Elche |

Cartel de 'Se alquila' en un edificio | Agencias

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Elche reclama al nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para que en la legislatura que arranca el sábado con la constitución de la nueva Corporación no se produzcan desahucios en la ciudad sin alternativa habitacional para las familias afectadas.

El colectivo cree que en los últimos cuatro años se han disparado las solicitudes de viviendas al Ayuntamiento de Elche, rondándose e incluso superándose probablemente la cifra de un millar de peticiones, frente a las 300 que se contabilizaban a fecha de mayo de 2015. Se trata de una estimación porque, según critica la PAH de Elche, el ayuntamiento ha negado en los últimos cuatro años facilitarles ese dato, pese a que se ha solicitado de forma reiterada.

Alquileres inaccesibles

Desde la PAH de Elche se solicita a la Corporación que va a tener en sus manos las políticas de los próximos cuatro años que realice un estudie de la situación de la vivienda en la ciudad para a partir del mismo impulsar las acciones que sean necesarias para minimizar la problemática de los desahucios, cuya incidencia, según destacan, continúa viva pese a que los ligados a ejecuciones bancarias han reducido su incidencia.

Ahora, los alquileres, en su condición de inaccesibles para buena parte de la población, son el principal problema.

En este sentido, desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Elche se apunta a que en la ciudad existe una demanda potencial de vivienda de esas características de alrededor de 2.500 familias, que pese a que cuentan con ingresos, ya sea en ayudas públicas o por remuneraciones por trabajo, no disponen de acceso a la vivienda por los altos precios de los alquileres y por los exigentes requisitos que se piden para formalizar un contrato.