La decisión de cerrar el trasvase Tajo-Segura este mes de noviembre para el regadío, que se ha formalizado este jueves con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha sido recibida por el Camp d’Elx con indignación, decepción y resignación.
La orden dictada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, autoriza solo el trasvase de 7’5 hectómetros cúbicos de agua para abastecimiento humano, argumentando que las últimas lluvias en la cuenca del Segura, además de mejorar los índices hídricos de la misma, “están teniendo consecuencias importantes en la zona del campo de Cartagena, afectando de manera significativa a las infraestructuras del postrasvase, que requerirán de diversas obras de reparación que previsiblemente durarán dos meses”.
Los regantes de la provincia de Alicante niegan rotundamente que esas obras aludidas imposibiliten que pueda existir trasvase.
La decisión del Gobierno de España ha dejado en la provincia de Alicante sin trasvase en noviembre a más de 20.000 agricultores, que son los comuneros con los que cuenta la entidad Riegos de Levante.
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura se reúne este viernes en Murcia para analizar la situación y proyectar movilizaciones.
También se ha convocado para este viernes la Mesa Provincial del Agua de la Diputación Provincial de Alicante para valorar lo ocurrido y emitir una resolución de defensa del trasvase.
El presidente del gobierno valenciano, Ximo Puig (PSOE), ha anunciado en Les Corts que va a dar instrucciones a la Abogacía de la Generalitat para la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la orden firmada por la ministra de Transición Ecológica.
Desde Riegos de Levante, su presidente Javier Berenguer ha exigido la actualización de la batimetría de los embalses de cabecera del Tajo.
La batimetría es una técnica para la medición de la profundidad del mar o ríos, con la que se puede concretar el agua almacenada en esos lugares.
Berenguer ha incidido en que la última realizada dio como resultado que había en esos embalses 50 hectómetros cúbicos de agua más de los que constaban en la documentación que oficializa las cifras de agua que hay en Entrepeñas y Buendía.
Si en estos momentos ocurre lo mismo, la cabecera del Tajo se situaría en el Nivel II recogida por el Memorándum del trasvase de modo que, por ley, sería obligatorio autorizar un trasvase de hasta 38 hectómetros cúbicos de agua, frente a los tan solo 7’5 que se han permitido este mes de noviembre.
Los agricultores insisten en que la decisión de que no haya trasvase para regadío en noviembre trastoca el conjunto de la planificación hídrica del año hidrológico recientemente comenzado.
Los ánimos están muy calientes entre los agricultores que hablan incluso de “traición” hacia la provincia y su sector primario de aquellas formaciones políticas que están favoreciendo que se cierre el grifo del trasvase Tajo-Segura, según ha relatado Ángel Urbina, portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua.