El Elche recibe la primera alegría de la semana del playoff en los despachos
El Tribunal General de la Unión Europea concede la cautelar que paraliza la orden de pago de la sanción de 4'1 millones de euros por las ayudas ilegales de Estado
A pocos días para que comience el playoff de ascenso a Segunda División, la primera victoria de la semana ha llegado para el Elche CF en los despachos. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha comunicado este martes a la entidad franjiverde que acepta otorgarle la suspensión cautelar de la decisión de recuperación de dinero público, dictada el 4 de julio de 2016, por un montante de 4’1 millones de euros. Un logro judicial que no consiguieron, hace un par de meses, ni el Valencia CF ni el Hércules de Alicante CF.
Con esta medida, la entidad franjiverde logra esquivar un grave problema económico que mantenía en jaque su futuro. En caso de haber tenido que afrontar el pago de esos 4’1 millones de euros, el club ilicitano podría haberse visto abocado a la liquidación ante la crisis por la que atraviesa después de su descenso administrativo en julio de 2015. Como se refleja en el auto del TGUE, el Elche ha demostrado que concurre el requisito de la urgencia ante los riesgos que supone esta decisión con relación a su viabilidad financiera. La medida suspende los efectos de pago, aunque no los anula, por lo que la Unión Europea, el IVF y el Elche CF quedan a la espera de la decisión final del Tribunal. El recurso del club franjiverde lo ha gestionado el despacho belga Clayton & Segura.
Este asunto lleva años merodeando en el entorno de la entidad franjiverde, desde que en febrero de 2011 se concedieron dos préstamos por un montante total de 14 millones de euros que, en su momento, fueron considerados ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior al haber sido avalados por el IVF para la adquisición de acciones de la Fundación del Elche CF. El Gobierno español se vio obligado a la recuperación de manera “efectiva e inmediata” de estas ayudas y el IVF entró en acción en septiembre de 2016 para reclamar 3.688.000 euros más los intereses correspondientes (4.106.906’51 euros, en total). No obstante, el IVF se adhirió a los recursos de los tres clubes valencianos porque entiende que la ‘sanción’ era desproporcionada, si bien mantiene la intención de recuperar el capital que de las arcas públicas han salido con destino de la compra de acciones de estos tres clubes valencianos. Ya lo consiguió con el Valencia y ahora espera hacer lo mismo con Elche y Hércules.
Según ha informado este martes el medio digital Noticias Jurídicas, el Elche ha demostrado que concurre el requisito de la urgencia, debido a los riesgos que pesan sobre su viabilidad financiera porque, en primer lugar, el club está inmerso en un procedimiento concursal por insolvencia; en segundo lugar, presenta un patrimonio neto negativo de más de 22 millones de euros; en tercer lugar, en su gestión corriente tiene un resultado de explotación negativo de algo más de cuatro millones de euros; en cuarto lugar, su volumen de negocios en el ejercicio 2017 se eleva a 8.392.694 euros y sus activos líquidos a 615 915 euros; en quinto lugar, el Elche debe cubrir un déficit estimado de 1,5 millones de euros para la temporada 2017/2018; en sexto lugar, ha quedado demostrado que el club no dispone de liquidez suficiente para abonar la cantidad que se le reclama en concepto de ayuda de Estado (4’1 millones de euros); y en séptimo lugar, en virtud del Derecho español, el club debe pedir su liquidación en cuanto tenga conocimiento de su imposibilidad de respetar los pagos a los que se comprometió y las obligaciones contraídas tras la aprobación del convenio concursal alcanzado con los acreedores.
El presidente del TGUE concluye el auto advirtiendo de que cuenta con la protección de los intereses de la Unión Europea a través del IVF y de su director general, Manuel Illueca, para permitir la recuperación de la ayuda del Estado sin que se adopten medidas que puedan afectar a la reestructuración accionarial del Elche CF y a una recuperación efectiva de la decisión de recuperación de dinero público.