El Consejo de Administración que gestiona en la actualidad los destinos del Elche CF está incluido, a excepción de Pascual Moxica, en el informe elaborado por el Ministerio Fiscal. Cinco de sus componentes afrontan posibles consecuencias, a propuesta de la Fiscalía. Son los casos del presidente Diego García y sus consejeros Ramón Segarra, César Nohales, Francisco Sánchez y José Luis Maruenda.
Diego García sustituyó en la presidencia a Juan Serrano tras acceder a la directiva por cooptación, en representación de la sociedad Helike Football Management. Francisco Sánchez es el único consejero que se mantiene de la etapa de José Sepulcre, tras la dimisión de Jaime Oliver, mientras que Ramón Segarra y César Nohales se mantienen desde que se formó una gestora, a finales de julio de 2015, tras el descenso administrativo del Elche CF a Segunda División. José Luis Maruenda fue el penúltimo en llegar a la directiva – antes que Pascual Moxica – y también ha sido incluido en el informe fiscal.
El Ministerio Fiscal dedica el último apartado de su exposición a la etapa de Diego García Juan como presidente del Elche CF y al papel que desarrolló para oponerse a la entrada del grupo inversor Skyline International. Los fiscales recuerdan en varias ocasiones, a lo largo de las 76 páginas redactadas, que José Sepulcre tuvo “un peso decisivo” en la formación del Consejo de Administración resultante de la Junta celebrada en septiembre de 2015, tras la declaración del Concurso de acreedores el 6 de agosto de ese mismo año, por contar “con los votos de los patronos de la Fundación, accionista mayoritaria, en su amplísima mayoría personas afines a Sepulcre y que habían formado parte del Consejo de Administración bajo su presidencia”.
A juicio de los fiscales que firman el informe remitido al Juez que tutela el Concurso de acreedores, la actuación de “este Señor” – en alusión a Diego García – así como la del “resto de consejeros” - citando a Paco Sánchez, Ramón Segarra, Jaime Oliver y César Nohales – y de la mayoría de los patronos - entre los que encasilla a Toño García Hita, Antonio Rocamora, Jaime Oliver y Vicente Abadía – “ha ido en todo momento dirigida a favorecer los intereses del Sr. Sepulcre y de las personas afines al mismo”. “Por un lado, evitando la entrada de inversores extranjeros que iban a inyectar capital al Club de modo muy importante y, por otro lado, auspiciando un convenio de acreedores que iba a suponer que la Fundación, cuyas acciones estaban pignoradas al IVF, dejara de ser la accionista mayoritaria”, añade.
Los fiscales califican como “giro esquizofrénico” la intención de convertir “en accionistas mayoritarios tanto a D. José Sepulcre como a personas íntimamente vinculadas al mismo y que mantenían derechos de crédito frente al Club, a la sazón, todos aquellos que bajo su infame gestión habían abocado al Club a la situación concursal en que se encontraba”. “Los patronos de la Fundación (afines a Sepulcre) abogaban por votar a favor de dicho convenio de acreedores a pesar de lo perjudicial que resultaba para el Club y de la oposición de todos los operadores: Abogacía del Estado, Administración Concursal e IVF”, incide en los aspectos que afectan al papel de la directiva con relación al expresidente y accionista José Sepulcre.
