Sin conexión

La deficiente cobertura de telefonía móvil e internet que hay en las zonas rurales y, en concreto, en un área tan amplia como es la del Camp d’Elx, está ocasionando numerosos problemas en el mundo empresarial. Resulta inconcebible que con todas las posibilidades que hoy ofrecen las nuevas tecnologías, las incontables soluciones técnicas disponibles (antenas, amplificadores y otros dispositivos que permiten desplegar una red en condiciones), todavía haya muchas áreas en las que la conexión es escasa o, directamente, nula.

Por ejemplo, quienes trabajamos en Algorós-Derramador, pagamos lo mismo que quienes lo hacen en el parque empresarial de Torrellano-Saladas o en el núcleo urbano. No nos aplican ningún tipo de descuento. Nos merecemos lo mismo, pero nos dan un servicio defectuoso. Y yo me pregunto: ¿está la Administración mediando en este asunto? Debería. Cuando concede una autorización a una operadora móvil, tendría que exigirle que ofrezca cobertura en todo el territorio nacional, sea rural, urbano o de montaña, y más teniendo en cuenta que las leyes que ha aprobado nos obligan a realizar todos los trámites empresariales de manera telemática.

Desde todos los ámbitos, nos exigen una agricultura 2.0 pero las aplicaciones y sistemas que habilitan no funcionan correctamente en el campo. Ahora, cualquier empresa tiene la posibilidad de conectarse con el mundo por cable o por “internet por onda”. Sin embargo, los agricultores no tenemos una instalación fija, las parcelas están diseminadas y tenemos que desplazarnos de unas a otras, por lo que nuestro cordón umbilical con el mundo solo puede ser móvil.

La globalización y la fuerte competitividad que hay en el mercado también imponen que haya buenos sistemas de comunicación. Aislar no está de moda, al contrario, representa un retraso reprochable, por el que se pueden solicitar medidas compensatorias por los daños ocasionados cuando la falta de cobertura nos hace perder el tiempo y no nos deja trabajar. Es, incluso, peligroso en materia de seguridad. Por si fuera poco, el agravio comparativo que sufrimos en las pedanías y, por ende, en los municipios rurales, se dispara si nos compararnos con otros países de la Unión Europea. España, una vez más, sale perdiendo en materia de modernidad, lo que le resta profesionalidad y competitividad. No en vano, los últimos estudios de telefonía revelan que mientras en el resto de la zona euro mejoran sus redes (incluso Rumanía se ha consolidado como uno de los países con mejores conexiones), en nuestro territorio no se avanza ni un poco. Aquí, las grandes compañías solo atienden las zonas en las que pueden obtener grandes beneficios económicos, por lo que urge que haya un seguimiento por parte de los poderes públicos.

Entre los afectados por la falta de cobertura, estamos todos. Además de las necesidades profesionales, cualquier persona tiene derecho a poder comunicarse. Por tanto, no solo nosotros como organización agraria y ganadera debemos denunciar los fallos que tienen las distintas operadoras, si no que las autoridades de consumo también deberían hacerlo. Sorteamos ésta y muchas más dificultades. Con éxito sacamos adelante nuestras explotaciones, creamos empleo y riqueza, generamos frutas y hortalizas que cumplen con todas las garantías de seguridad alimentaria, fijamos la población y consolidamos zonas más habitables, pero todo ello solo gracias a nuestros constantes esfuerzos inversores y al tesón y fortaleza que desde siempre han caracterizado al empresario agrícola. No se nos puede pedir más y, sin embargo, solo reclamamos un mínimo. La comunicación móvil hoy debe considerarse un derecho fundamental que el Estado debe garantizar a todos los españoles, con independencia del lugar en el que trabajen, vivan o se encuentren en ese momento.