Diálogos con Urruticoechea sobre la transparencia educativa

El otro día llamé a un funcionario para pedirle información sobre la plantilla docente del colegio que dirige y su respuesta fue que “ese era un tema privado del centro”. Luego añadió: “no cuento con la autorización de conselleria”.

Pensé que el exceso de trabajo y el estrés le impidieron facilitar datos que son de interés público y que quizá no recordaría que tanto la Ley de Transparencia estatal como la autonómica, garantizan el acceso a la información, siempre y cuando no vulnere el secreto profesional o revele datos personales, entre otros límites.

Para aclarar dudas y escuchar opiniones fundamentadas, acudí a un especialista en Transparencia. Se trata del interventor municipal Fernando Urruticoechea, conocido por descubrir ilegalidades e irregularidades, así como destapar casos de corrupción en algunos de los municipios donde ha trabajado. El de más renombre fue el de Castrourdiales donde sus informes sirvieron para abrir 20 causas y 160 imputaciones a concejales de todo el espectro político, al igual que a empresarios y funcionarios. Aquí al lado, en Crevillent, consiguió paralizar la planta de residuos por operar sin permiso ambiental en una zona protegida.

Desde sus 30 años de experiencia, Urruticoechea dice que “la verdadera transparencia que preocupa a las autoridades y a los funcionarios públicos no es lo que se publica en un portal de Internet, sino la información sensible, delicada o comprometida que solicita un interesado, un ciudadano cualquiera o un adversario político”.

Son muchas las preguntas que podemos hacernos sobre los centros educativos públicos, desde la gestión de los comedores escolares hasta la evaluación de las políticas de inclusión educativa de un colegio en específico, y ambas generarían la misma extrañeza porque son temas poco tratados mediáticamente. Sería una manera de abordar la transparencia que preocupa tanto a autoridades como a funcionariado.

Porque hay otro problema que el interventor dibuja. “La transparencia no es un conjunto de normas que reconocen formalmente el derecho de acceso a la información pública. Es mucho más que eso, es una cultura, una forma de ser y de actuar, una convicción democrática y un valor superior de nuestra sociedad”. Y es que dentro de cada centro educativo se reproducen prácticas que pueden tender o no hacia la transparencia, como abrir la escuela a la comunidad educativa o compartir los informes económicos antes de que sean aprobados. Si una autoridad o un funcionario está acostumbrado a rendir cuentas en su cotidianidad, no le resultará comprometedor informar públicamente sobre su gestión.