Inversiones, Estado de bienestar y economía sumergida

Nuestra ciudad viene reclamando desde hace muchos años inversiones necesarias para el desarrollo de nuestro municipio. Existen numerosas quejas del déficit que, las diferentes Administraciones tanto estatal como autonómica, mantienen con nuestro municipio. En los últimos tiempos se repiten constantemente reclamaciones como la llegada definitiva del AVE, así como la conexión de su estación con las dos estaciones de cercanías urbanas, la finalización de la segunda fase de la ronda sur, las obras de acceso de la autovía al aeropuerto, etc. Una serie de actuaciones necesarias y que requieren por tanto destinar importantes cantidades de fondos que deben salir de los impuestos que todos los españoles estamos obligados a contribuir en función del nivel de ingresos y patrimonial de cada uno.

Por otro lado, un reciente estudio de la Universidad Miguel Hernández sobre la economía sumergida en nuestra ciudad destaca que, el 82,4% de los ilicitanos encuestados en ese estudio, toleran y viven con normalidad la existencia de la economía sumergida, y que, preguntados por su entorno personal, contestaron que el 33% de los trabajadores por cuenta ajena lo hacen sin contrato ni Seguridad Social, que el 24% de los trabajadores por cuenta propia no cotizaban a la Seguridad Social y que el 27% de los empresarios contratan trabajadores en condiciones irregulares.

Llama la atención que, en otro reciente estudio de otra institución, se indicaba que la Unión Europea no se cree la tasa de paro estructural que hay en España que ronda el 16%, intuyendo como respuesta de este elevado porcentaje la economía sumergida. Por tanto, tampoco se deben de creer la tasa de paro de Elche, que en febrero de este año (en plena recuperación económica) es del 24,56%.

La economía sumergida no sólo es un mal crónico instalado en nuestro país y muy particularmente en nuestro municipio, que afecta a nuestro estado del bienestar: precariedad laboral, bajos sueldos y escasas pensiones, sino que además de la competencia desleal que supone respecto a quienes sí que contribuyen fiscal y laboralmente con sus obligaciones, influye negativamente en las inversiones que los respectivos gobiernos tienen que realizar.

Está bien que reclamemos inversiones, pero al mismo tiempo debemos emprender una decidida y efectiva lucha contra esta lacra, en la que se deben implicar todos los agentes sociales, incluidos partidos políticos y sindicatos.

Los idealistas ultraliberales consideran que el bienestar debe financiárselo cada uno: educación, sanidad y pensiones. Por tanto si en lugar de reducir las altas cotas de economía sumergida, seguimos incrementándolas, con el tiempo conseguirán su propósito, porque sin recaudación de impuestos no habrá ni educación pública, ni sanidad pública, ni pensiones; cada uno tendrá que pagárselo de su bolsillo.