"¿Por qué la Generalitat no ha preguntado al Ayuntamiento la situación legal del edificio de El Progreso antes paralizar su derribo?"

Quedan ya pocos días, espero, para que la Conselleria encargada del tema dictamine si se ha de proteger o no la fachada (y hasta el interior, se pide ahora) de la antigua sede de Nuevos Riegos el Progreso. Y, de momento, al menos en los medios de comunicación, no sé si en la denuncia se especifica, nadie ha ofrecido una respuesta clara y contundente a la que, para mí, es la cuestión principal: ¿POR QUÉ?

Sí: por qué. ¿Es un diseño de renombrado arquitecto que podamos lucir con ilicitano y mundial orgullo?, ¿la técnica constructiva incorporada condicionó la evolución de la arquitectura posterior a esta obra?, ¿la disposición ornamental es imprescindible para que los adeptos lleguen al final de la Gran Obra?, ¿su conservación propiciará la llegada de miles de visitantes a contemplar la fachada, hasta el punto de tener que ampliar la plantilla de Visitelx?, en este caso, ¿dónde pondríamos las paradas de los autobuses turísticos?, porque, de conservarlo todo, el edificio seguiría haciendo de embudo para toda la calle.

Supongo que el porqué debe ser la cuestión fundamental que han de valorar el arquitecto y los técnicos de la Conselleria a los que se ha pasado el marrón, o crema amarillento, de la fachada. Y el principal por qué no debería ser, pienso yo, el hecho de que la denuncia ha sido presentada por múltiples colectivos locales (algunos con nulos conocimientos urbanísticos u arquitectónicos y en absoluto relacionados con temas patrimoniales de la ciudad) porque el sistema por el que nos regimos no es el asambleario de fábricas, barrios e intelectuales. Aquí se eligen a unos concejales, que constituyen un ayuntamiento que toma decisiones vinculantes sobre el desarrollo y las relaciones de ciudad y habitantes. Y no se olvide que sus decisiones tienen valores legales, que también defienden al ciudadano de decisiones arbitrarias de la propia Administración o de otras personas o colectivos.

Hasta ahora, como valores del inmueble para su protección se han argumentado varias cosas: que se construyó en 1917, que durante un siglo ha servido de sede al tradicional sistema de venta de agua del campo ilicitano y que, por eso, había que proteger también el patio y la sala donde se procedía a tomar nota de las peticiones de horas de agua de los agricultores, con sus mesas, sillas y pizarras.

Ya de esto hay cosas evidentes y verdades a medias. Es evidente que, según los registros municipales, se construyó en el 17 del siglo pasado, como otros muchos edificios más anteriores y posteriores a esa data. Pero habría que poner en cuarentena que su función principal fuera la venta de agua; y prueba de ello es la enorme puerta y los enormes ventanales que más sugieren la idea de permitir el paso de cargas altas e iluminar bien naves o almacenes. Es más, la venta de agua se comenzó a hacer allí veinte años después de su construcción y lleva 30 años sin dedicarse a ese fin, así que nos quedamos con 50 años vendiendo agua. No sé si el Villalobos lleva más tiempo haciendo bocadillos. Yo, hace 40 años, ya pedía los de toñina y tomate, y eso tiene un valor cultural y dietético enorme para varias generaciones que, sin duda, habrá que proteger (y sobre todo, agradecer a esa familia). Sobre la sala de venta de agua y su dotación mobiliaria, parece ser que el anterior propietario (antes de estos que quieren construir) lo donó todo al Museo de Puçol, con lo que esa parte de nuestra historia estaría debidamente preservada y protegida.

Desconozco la protección que tiene el sitio donde se vendía el agua de El Progreso antes de 1917, y tampoco sé las peticiones de protección que, sin duda, se han realizado para el lugar donde se viene vendiendo el agua desde hace tres décadas.

Llegados a este punto déjenme decirles una cosa: yo también soy partidario de que se proteja esa fachada o ¡¡¡esa mitad!!! del antiguo edificio de Nuevos Riegos El Progreso, si se demuestra que tiene unos valores que respondan a los porqués cuestionados al principio de este escrito. Por favor. Yo también soy progre.

Soy tan progre que me pregunto por qué la Generalitat Valenciana no ha tenido a bien preguntar al Ayuntamiento de Elche en qué situación legal se encontraba el edificio, antes de tomar la decisión de ordenar la paralización de los trabajos y metiéndonos en este lío que puede terminar costándonos a todos un dineral. ¿Por qué la Conselleria da más valor a la opinión de los denunciantes que a las decisiones tomadas por los munícipes locales y los arquitectos y urbanistas del ayuntamiento que descatalogaron el edificio en 1983? ¿Tienen más valor las opiniones de los colectivos locales que las decisiones de los profesionales del Ayuntamiento? ¿Deberíamos destituir a los técnicos de Urbanismo, y dejar que la directiva de la Asociación de Empresas de Servicios, por ejemplo, se encargue de ese departamento con el asesoramiento (hay que ser inclusivo) del resto de los colectivos firmantes?

Soy tan progre que no entiendo por qué se ha recurrido a la denuncia, y no a poner esta opinión de un colectivo encima de las múltiples “mesas del patrimonio” que han debido de existir desde 1983 hasta hoy. ¿Hay técnicos municipales, de la Conselleria y colectivos sentados en esa mesa? Porque si la respuesta es sí, la cosa pinta cada vez peor.

Soy tan progre que creyendo en la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y ante los actos administrativos, no entiendo por qué el ayuntamiento se gasta 35.000 euros para que los vehículos de reparto y los automóviles particulares puedan llegar hasta los comerciantes de la zona, y no se gaste ni un euro en demandar al responsable de la Conselleria que ordenó la paralización del derribo, sin tener en cuenta que a los propietarios les asiste un derecho emanado de las decisiones y autorizaciones municipales, y sin saber (aún no lo sabemos) si esa fachada es protegible o no.

Soy tan progre que me niego a creer que el motivo de la conservación de la fachada sea que un profesor de arquitectura opine que por aquí pasaba el “cardo máximo” establecido por los augures romanos que iniciaron la construcción de la ciudad de La Alcudia, hace más de dos mil años y cuando nadie había ni imaginado la existencia del Elche actual. El “cardo máximo” estirado a voluntad nos puede llevar a Lérida. Y el “decumanus máximo” nos llevaría hasta Lisboa. Y en cualquier caso, trayendo el asunto a mi terreno, ya saben que “todos los caminos conducen a Roma”. Así que miren si habría fachadas para proteger. La auténtica sabiduría sobre las construcciones romanas se demostraría indicando a los arqueólogos dónde se encuentra el foro de La Alcudia, que llevamos decenios buscándolo y no damos con él. Y además, el centro del foro sería el punto de unión del cardo y el decumanus, y por tanto el único lugar que nos diría, a ciencia cierta, hacia dónde van las líneas marcadas por los augures y si pasarían o no frente a la fachada que nos ocupa.

Me quedan algunas progresías más, pero creo que por esta vez ya es suficiente. En cualquier caso recordar a constructores, comerciantes, inversores, etc, etc, que lleven mucho cuidado con las autorizaciones que les concede el ayuntamiento de nuestra ciudad, porque pueden ser papel mojado si un colectivo presenta una denuncia a una instancia superior, y hay un funcionario que la admite y ordena paralizar, contra todo derecho, lo que usted lleva 30 años esperando que se haga realidad.

En fin, “cosas vederes, Sancho”.

Sacramento Alvear, periodista