OPINIÓN

Los derechos de nuestros hijos

Desde su experiencia y conocimiento como educador, José A. Román Parres se sumerge en la necesidad de garantizar la educación en las condiciones que ampara la Constitución española

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José Antonio Román Parres. | Onda Cero Elche

El pasado día 20 de noviembre cumplió 60 años la Declaración de los Derechos del Niño por los 78 Estados miembros que componían la ONU. Estaban basados en la Declaración de Ginebra de 1924. Pero tuvo que pasar 30 años para que se llegase a la Convención sobre esos Derechos, con 54 artículos (44 más que los que se habían mantenido hasta entonces) y en ellos se reconoce al niño y a la niña como “ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad”. Esta convención funciona como guía para los Estados, las familias y todos los demás adultos que la rodean.

Tales acuerdos fueron adoptados y ampliados por el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo en la Sesión Plenaria del 12 de diciembre de 2007 por 534 votos a favor, 85 en contra y 21 abstenciones, resaltando su Presidente, Hans-Gert Pöttering que “el día de hoy es un éxito para todos los ciudadanos”.

Si nos centramos en el Principio 6º de la Declaración al inicio mencionada podemos leer: “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre”.

Y en el 7º se dice: “El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales… El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres…, la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

No obstante la UNICEF en el último informe ‘La Infancia en España’ nos recuerda que “todos los niños tienen derecho a crecer en libertad”. Esto significa tener libertad para pensar, libertad para tener las creencias que consideren y libertad para expresar sus opiniones. Añadiendo que el 78,5% de los niños entre 11 y 17 años se sienten libres para ello.

Con todo lo cual tengo que recordar con respeto, afecto y admiración a un prohombre que dedicó su vida a la enseñanza. Me refiero a D. Salvador Escarré Batet a quien se le concedió la encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio, habiéndole tributado el Magisterio alicantino un notable y caluroso homenaje por su jubilación como Inspector Jefe Provincial durante más de 20 años (ABC 22-5-1968).

Con él aprendí, colaboré y trabajé en proyectos pioneros que se fueron plasmando años más tarde en normas pedagógicas que bullían en su mente y que se adelantaron a muchos de los logros que más tarde se llevaron a la práctica.

Él deseaba promover como visionario educativo que era, lo que años después figuró en el artículo 27.7 de nuestra Constitución: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”. Así como el 27.6: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones”.

En ambos casos utilizaba su capacidad y su status social y profesional para crear nuevas escuelas tanto estatales como de Patronato en Elche y todo ello en pro de la libertad educativa y de expresión lingüística, pues entre los más íntimos utilizaba su lengua madre: “el valencià”. Recuerdo como lo sintetizaba todo en la palabra ‘urdimbre’ al relacionarla en las competencias entre el Estado, el profesorado, la familia y lógicamente los alumnos.

Si ahora desvirtuamos la propia esencia de nuestra Carta Magna, podríamos creer que hay intereses espurios cercanos a las enseñanzas de Marx y Engels que creían que la familia era el cimiento de la sociedad “capitalista” y “burguesa”, argumentando que había una ausencia práctica de la misma (la familia) entre el proletariado. Y para corregir esto, creían que la familia debía ser reemplazada por la vida comunal, donde los individuos no estaban unidos por la vida familiar, siendo su núcleo el Estado.

Por todo lo cual y según opinión de Cid Lazarou, cuanto más socialista es el gobierno, tanto más se entromete en la vida familiar, desde los Jóvenes Pioneros de Stalin en la URSS a los Kibuttz de Israel, aquellos convirtiéndose en instrumentos de adoctrinamiento y éstos que reemplazan la familia por la vida comunal. Y es que según un artículo de él mismo, (publicado el 18-3-2019), en su esencia el comunismo invierte a la sociedad de dos maneras: la primera, distorsionando los elementos de la verdad. La segunda, por mentiras descaradas que alteran la moralidad.

Resumen final al margen de partidismos: Libertad, democracia y justicia teniendo como base la Constitución Española aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español el 6 de diciembre y entrando en vigor el 29 de diciembre del mismo año.