El Ayuntamiento de Aspe ha solicitado una reunión urgente con el conseller de Vivienda para abordar la situación de 51 familias de la localidad en riesgo de ser desahuciadas después que la entidad bancaria propietaria de sus viviendas las haya venido a un fondo de inversión y éste haya trasladado la negativa a negociar una renovación de los alquileres sociales de los que disfrutan los afectados.
De hecho, una de las familias, tras haber negociado la renovación y con informes sociales favorables por parte del Ayuntamiento, han recibido una negativa por respuesta y tienen de fecha hasta el 31 de enero para abandonar la vivienda.
El concejal de Bienestar Social y Vivienda Jonatan Molina ha reclamado soluciones a las administraciones, tanto autonómica como estatal, y ha defendido la necesidad de elaborar un marco jurídico que proteja a los ciudadanos más vulnerables de ese tipo de fondos de inversión, conocidos como fondos buitre.
