El fiscal y el administrador concursal discrepan en la fecha de insolvencia del Elche
Francisco Marco insiste en que ya se daba esa situación en verano de 2014 y Carlos Pérez argumenta que en los clubes de fútbol se producen contextos distintos a las empresas normales
El juicio que debe calificar la responsabilidad del concurso de acreedores del Elche CF continúa su hoja de ruta. Este viernes se desarrolló en la Ciudad de la Justicia el cuarto turno de declaraciones, con la comparecencia de los administradores concursales Carlos Pérez Pomares y su auxiliar, Begoña Blanco. La sesión se prolongó durante cuatro largas horas en las que el protagonismo volvió a recaer sobre la figura del fiscal Francisco Marco, que trata de confirmar que la entidad debió entrar en concurso mucho antes para evitar el desenlace del descenso administrativo.
El juez José Luis Fortea apenas interrumpió, en esta ocasión, el mano a mano entre el fiscal Francisco Marco y el abogado Carlos Pérez. El administrador explicó, en primer lugar, por qué el club entró en situación concursal el 6 de agosto de 2015: “La entidad ya estaba bajo la protección del 5 bis desde febrero de 2015. La causa inmediata para entrar en concurso fue el descenso a Segunda debido a que los ingresos mensuales se redujeron en más de tres millones de euros. Las causas materiales o directas fueron, entre otras, las pérdidas acumuladas e inabordables sin aplazamientos, sobre todo con la Agencia Tributaria; el resto de la deuda no era tan acuciante”.
El fiscal incidió de salida en que el club, al término de los ejercicios económicos 2011/12, 2012/13 y 2013/14 acumuló durante tres cursos consecutivos balances con patrimonio neto negativo, que fueron empeorando con el paso del tiempo, por lo que se encontraba en causa de disolución. Pérez Pomares reconoció ese hecho, previo a su entrada al Club, aunque matizó que muchas empresas salen adelante pese a este hecho “mediante acuerdos entre acreedores, reequilibrios patrimoniales con operaciones acordeón de aumento o disminución de capital o la protección del concurso de acreedores como último recurso”.
Para corroborar su planteamiento, el fiscal detalló durante casi dos horas el nombre de diferentes acreedores (empresas, sociedades y personas) a los que se les adeudaban importantes cantidades económicas a partir del año 2012. Producto de esa acumulación de pérdidas, el Elche CF entró en concurso de acreedores con un pasivo de aproximadamente “40 millones de euros”, como confirmó Carlos Pérez. Marco también apuntó que a la causa de disolución se unía la situación de insolvencia tras acumular, a antes de finalizar la campaña 2013/14, tres meses consecutivos de impagos a la Agencia Tributaria.
Ante la pregunta de si el Elche se encontraba en situación de insolvencia en verano de 2014, Carlos Pérez aseguró que la respuesta no era fácil y aludió al ‘principio de empresa en funcionamiento’: “La máxima de un buen empresario debe ser tratar de salvar la actividad por todos los medios y solo apelar al concurso de acreedores en el caso extremo de no poder atender sus obligaciones. Debe ser leal y hacer lo que esté en su mano para salvar a la empresa como puede ser hablando con los acreedores para aplazar los pagos”, ha explicado Pérez Pomares.
El administrador concursal se ratificó con respecto a las conclusiones que detalló en su informe de gestión. Por ejemplo, insistió en la “falta de profesionalidad” del órgano rector porque “no había jerarquía directiva ni objetivos financieros y económicos claramente definidos; además, cuando entré detecté gastos suntuarios como champán francés o jamón de pata negra en el palco, gastos que no eran razonables”. A partir de ahí fue cuando Carlos Pérez comenzó a señalar a la figura de Juan Anguix, al que cuestionó por gastos que “no eran razonables” en comidas, hoteles y desplazamientos: “En tres meses (92 días) gastó más que durante toda la temporada por el anterior Consejo”.
El fiscal cuestionó, igualmente, los gastos de letrados que se facturaron durante la etapa de Anguix. Carlos Pérez, apelando al principio de ética profesional, no quiso juzgar si fueron excesivos y simplemente los cifró: “Me resulta comprometido responder a esa cuestión. Durante los tres meses de gestión de Juan Anguix se gastaron 368.750 euros en letrados, juzgue usted (el fiscal) si fueron excesivos o no”.
En la parte final de su declaración, Carlos Pérez confirmó que durante el año que administró las cuentas junto a Begoña Blanco se generó un superávit de un millón de euros, pero aclaró que los pagos de la deuda estaban suspendidos, si bien esa cifra demuestra que con una gestión meticulosa y sin la losa del pasivo el fútbol no tiene por qué ser deficitario. Del mercadillo reiteró que no vio nada ilegal dado que varios directivos pagaron 1’5 millones de euros para gestionar ese negocio con un fin “lucrativo” durante 25 años.