Asaja acusa al Gobierno central de una “estrategia” para “aniquilar por la puerta de atrás” el trasvase Tajo-Segura

Los ánimos andan caldeados entre los agricultores de la provincia de Alicante. El motivo: la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de recortar los envíos de agua desde el trasvase Tajo-Segura de 38 a 27 hectómetros cúbicos en una situación de Nivel 2 en la cabecera del mismo.

Ese nivel, recogido en el Memorándum del trasvase, que es el que, con rango de Ley, lo regula, establece que la transferencia de agua a la cuenca del río Segura desde Entrepeñas y Buendía, cabecera del acueducto, es automática, es decir, no dependen de la decisión del gobierno que haya en cada momento.

Los regantes alicantinos han expresado su rechazo frontal a esa intención y desde Asaja, Eladio Aniorte, presidente de la entidad, ha achacado la situación a “una estrategia” para “aniquilar por la puerta de atrás” el trasvase Tajo-Segura, obligado a los agricultores a recurrir a las desaladoras para obtener el agua para regadío.

En la provincia de Alicante son más de 17.000 las hectáreas que se riegan con el agua procedente del trasvase Tajo-Segura. En las explotaciones agrarias que se nutren de esa agua trabajando al año en torno a dos millones de jornaleros y se están usando entre 200 y 300 hectómetros cúbicos de agua anuales de ese acueducto, si bien, según ha incidido Eladio Aniorte, se precisarían como mínimo entre 400 y 450 hectómetros al año para acabar con la “incertidumbre” que permanentemente se cierne sobre los cultivos.

El presidente de Asaja ha lamentado el posicionamiento del Gobierno central en torno al trasvase Tajo-Segura y ha sido duro con el mismo.

Asaja se reúne esta tarde con representantes de la Federación de Empresarios de la Comunitat Valenciana a fin de recabar su apoyo y solicitar que defienda ante el Gobierno central la reivindicación del mantenimiento del trasvase en las condiciones recogidas en el Memorándum consensuado que rige su funcionamiento.

Pablo Ruz, senador del PP

Por su parte, Pablo Ruz, senador del PP por la provincia de Alicante y portavoz de los populares en Elche, ha acusado al gobierno de querer recortar un trasvase que, según ha incidido, es “clave” para la provincia.

“La agricultura es un sector clave de nuestra tierra y esta decisión es un nuevo varapalo para todos los agricultores alicantinos”, ha señalado Pablo Ruz que ha añadido que el trasvase “se encuentra en riesgo por una hoja de ruta de Ministerio que no respeta criterios técnicos ni científicos, sino a decisiones políticas discrecionales para imponer un modelo iniciado en el oscurantismo, unilateralidad y falta de diálogo en perjuicio de nuestros regantes”.

“La hoja de ruta de Sánchez está clara, prefiere contentar al socialista castellano-manchego Emiliano García Page que defender el modo de vida de miles de agricultores alicantinos, murcianos y almerienses”, ha concluido Pablo Ruz.

Carlos Gonzáles, alcalde de Elche

Por su parte, Carlos González, alcalde de Elche, ha abogado por el mantenimiento de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura tras conocerse que el ministerio de Transición Ecológica plantea recortar un 30% el trasvase máximo mensual a la provincia.

González recuerda que los caudales del Tajo son la garantía de supervivencia del campo ilicitano y por ello considera que es absolutamente necesario que se mantengan las aportaciones establecidas sin que se produzca ningún tipo de recorte: “Insisto en que el trasvase Tajo-Segura es imprescindible, irrenunciable e insustituible, es la garantía de supervivencia del campo. El trasvase es un motor de progreso y de crecimiento para esta tierra y que el futuro de la agricultura en Elche y en el Sur de la provincia de Alicante”, ha indicado el alcalde quien ha señalado que la cantidad máxima mensual a trasvasar debe seguir siendo de 38 hectómetros cúbicos.