La Fiscalía solicita provisionalmente penas que oscilan entre los dos años y tres meses y los ocho años y cinco meses de prisión, para el exalcalde de Santa Pola de 2003 a 2015, Miguel Zaragoza (PP), así como para dos exconcejales (Loreto Cascales y Jorge Perelló), dos empresarios y tres trabajadores de una clínica privada por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas.
La celebración del juicio está fijada para la próxima semana. Comenzará este lunes y también tiene fijadas sesiones para el martes, miércoles y jueves, así como para los días 19 y 20 de este mes.
El juicio se va a celebrar en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, y el Ministerio Público también solicita para el exalcalde y exconcejales de Santa Pola la inhabilitación para cargo público de alcalde, teniente de alcalde o concejal durante diez años.
En la vista se tienen que dirimir presuntas irregularidades registradas en la concesión y en la explotación entre 2006 y 2016 de una clínica privada que estaba ubicada en unas instalaciones municipales de Gran Alacant. La Fiscalía sostiene que el primer edil y las concejalías delegadas competentes no vigilaron el cumplimiento de lo estipulado en el contrato de concesión ni velaron por el interés público. Además, tampoco exigieron que la mercantil pagara el canon anual establecido y adjudicaron a la empresa de forma directa del servicio de reconocimientos médicos de los funcionarios del Ayuntamiento.
Asimismo, el Ministerio Fiscal les acusa de permitir que una de las procesadas, trabajadora de la clínica, hermana del exalcalde y pareja de uno de los exconcejales encausados, cobraba sin ir a trabajar.
