El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Elche ha establecido nuevas medidas de apoyo a las personas más vulnerables de San Antón. Como ente gestor de la fase 1 del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), la empresa municipal PIMESA ha construido 284 viviendas protegidas en tres nuevos edificios destinadas a los propietarios de algunas de las 284 viviendas iniciales situadas en los bloques 11, 12, 13 y 14 de este barrio.
El modelo de gestión se basó inicialmente en un proceso voluntario donde las familias afectadas se trasladaron libremente a las nuevas viviendas construidas, aceptando las condiciones establecidas para su compra. Una de estas medidas era la aportación de las propiedades iniciales al Ayuntamiento de Elche como parte del pago del precio. Así, se aprobaron tres convocatorias públicas de venta de los tres edificios construidos, respectivamente, con fechas 22 de julio de 2016, 31 de mayo de 2019 y 4 de junio de 2021. Hasta el momento se han vendido un total de 253 viviendas.
El pasado 3 de marzo de 2023, el Ayuntamiento de Elche aprobó el pliego de condiciones para el arrendamiento de las viviendas nuevas, dirigido a las unidades familiares más vulnerables que no podían acceder en régimen de venta, habiéndose adjudicado hasta la fecha 16 contratos de arrendamiento por la Junta de Gobierno Local de Elche. Se han trasladado doce familias a las nuevas viviendas y cuatro de ellas están pendientes de hacerlo por falta de recursos económicos para asumir los costes del realojo. En total, 265 familias han trasladado su residencia a los nuevos edificios construidos, por lo que hay disponibles 15 viviendas en ellos.
Ampliación de la compraventa y arrendamiento
Por su parte, la Junta de Gobierno Local ha vuelto a convocar el proceso de comercialización de las nuevas viviendas para las personas afectadas que estén interesadas, tanto en régimen de venta como de alquiler, hasta el momento en que se haya materializado la adquisición o expropiación de todas las viviendas iniciales por el Ayuntamiento de Elche y PIMESA.
En el pliego de venta se ha actualizado ligeramente al alza la valoración de las viviendas iniciales y, en el pliego de arrendamiento, se ha incluido una nueva cláusula que contempla el derecho de que las personas propietarias de viviendas iniciales que han sido realojadas en régimen de arrendamiento en las nuevas viviendas puedan adquirir la propiedad de estas en el supuesto de que su situación socioeconómica lo permita. De esta forma, el Gobierno municipal asume el compromiso formal de garantizar el derecho de propiedad a las personas más vulnerables del Barrio San Antón, que podrán ejercerlo cuando mejore su situación socioeconómica.
PIMESA destinará más 600.000 euros a la adquisición y expropiación de viviendas
La Junta de Gobierno Local, el pasado 26 de mayo de 2023, aprobó la relación inicial de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación de inmuebles para la ejecución de la fase 1 del ARRU del Barrio San Antón, incluidos en los bloques 11, 12, 13 y 14. La gestión del proceso de expropiación requiere de una amplia tramitación hasta hacerse efectiva su materialización, lo que supone una demora importante para las personas afectadas en percibir la indemnización correspondiente.
El Consejo de Administración de PIMESA ha acordado solicitar al Ayuntamiento de Elche la designación de la empresa municipal, por causa de utilidad pública e interés social, como beneficiaria de dicha expropiación. La valoración total estimada de las viviendas y locales afectados computa el importe en 604.146,43 euros.
Además, se ha facultado al Gerente de la Sociedad para formalizar, durante el trámite del proceso expropiatorio, contratos de compraventa con las personas titulares de las viviendas iniciales que dispongan de una vivienda adjudicada en régimen de arrendamiento y sin cargas hipotecarias. La formalización de los primeros contratos de adquisición y su pago se va a realizar de forma inmediata.
Esta compra de viviendas iniciales facilitará el realojo urgente de las familias con mayor vulnerabilidad, ya que con los ingresos obtenidos podrán financiar parte de los costes del traslado a las nuevas viviendas. La aplicación de esta fórmula jurídica permitirá que las personas afectadas no tengan que permanecer en una situación de precariedad habitacional hasta ver materializada la expropiación, facilitando además el proceso de derribo de los edificios iniciales, poniendo fin así a la fase 1 del ARRU.
