El grupo municipal del PSOE ha denunciado el impago por parte del Ayuntamiento de Santa Pola de servicios extraordinarios desde el mes de abril. Los trabajos pendientes de abonar son, sobre todo, aquellos relacionados con eventos como de instalaciones eléctricas, montajes y otros trabajos relacionados.
Después de 4 meses sin pagar horas extras, ha saltado la liebre en el consistorio de la localidad marinera. Y lo hizo el pasado mes de julio, tras varias quejas de las secciones sindicales de la Policía Local, quienes destaparon la situación que está viviendo parte la plantilla de la institución.
Pese a que el cuerpo de seguridad local de Santa Pola, tras denunciar al actual equipo de gobierno del Partido Popular públicamente en los medios , si que cobró sus retrasos; el resto de departamentos municipales todavía no han recibido los atrasos acumulados desde abril por todos los servicios prestados.
Para el PSOE de Santa Pola, el motivo de los impagos no reside en una razón económica porque “la Policía Local sí que ha cobrado”, por lo que ‘deducen’ que existe solvencia dado que también denuncian falta de transparencia y opacidad en cuanto al acceso a la documentación relativa a los asuntos municipales.
David Fernández, concejal del PSOE de Santa Pola, afirma que el problemas no es la burocracia en sí; sino la falta de planificación de los numerosos actos que se deben atender. “Los funcionarios realizan estas horas extras porque el Ayuntamiento se lo pide. Por tanto, el hecho de que desde Recursos Humanos no se les pague, es un doble perjuicio para los y las trabajadoras porque hacen más trabajo y cobran menos de lo que les corresponde”, declara David Fernández
La razón de los impagos: falta de planificación
Para el edil socialista, todo se reduce a un problema de organización que choca frontalmente con la burocracia dado que el procedimiento para aprobar la realización de servicios extraordinarios comienza con un informe del jefe del servicio exponiendo su motivo, el número de horas, de trabajadores y los días de realización. Ese informe después pasa al concejal del área quien emite una propuesta que se lleva a Junta de Gobierno. Una vez aprobado por ese órgano, Intervención ( el área encargada del pago) abona las horas trabajadas. Ese proceso dura entre dos semanas y un mes.
La supuesta falta de planificación del gobierno actual respecto a sus actividades provocaría que dichos informes no llegasen a tiempo para los eventos. Algo que provocaría un ‘defecto de forma’ que impedirían pagar legalmente las tareas desempeñadas en los últimos meses por el ayuntamiento.
