La Guardia Civil denuncia a una docena de personas por la venta y tenencia de piezas de marfil
En la operación, iniciada por el SEPRONA de la Guardia Civil de Elche, se han intervenido 66 objetos de marfil de procedencia ilegal, valorados en 3860 euros
Elche |
La Guardia Civil ha denunciado a doce de personas por la comercialización y tenencia de partes de especies de fauna silvestre protegidas sin acreditar un origen legal de las mismas.
Todos los infractores son de nacionalidad española y entre ellos hay vecinos de Elche y Santa Pola. También se han practicado identificaciones en Alicante, Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig, Xixona y Mutxamel.
En la operación, iniciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Elche, se han intervenido 66 objetos de marfil de procedencia ilegal, valorados en 3860 euros.
Los objetos recuperado han sido depositados en las dependencias de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Alicante y ahora deberán ser analizados y autenticados por el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (CITES).
Según ha informado el instituto armado este martes, el marfil está incluido en los Apéndices I y II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre como parte de un animal protegido. Para su comercio debe acreditarse la legal procedencia y tenencia.
Los agentes iniciaron una investigación para inspeccionar los objetos que se estaban comercializando. En primer lugar, localizaron e identificaron a los vendedores y, posteriormente, procedieron a inspeccionar los objetos.
Tras comprobar que existía una "significativa similitud morfológica" de los efectos inspeccionados con el marfil, se requirió a los propietarios que acreditaran su origen legal. Sin embargo, ninguno de ellos pudo aportar ninguna documentación que demostrara que cumplían los requisitos para poder tener y comercializar con estas partes de especímenes protegidos por el Convenio CITES.
El importe de las sanciones dependerá en cada caso del valor total de los objetos que hayan sido intervenidos a cada infractor, que en ningún caso podrá ser inferior a 500 euros.