El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) se ha sumado a la exigencia de la provincia de Alicante para que no se modifiquen las reglas deexplotación del trasvase Tajo-Segura como pretende el Gobierno central. El primer recorte que quiere impulsar el Ministerio para la Transición Ecológica es el envío entre de cuencas de 27 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 38 actuales, cuando la cabecera del trasvase esté en Nivel 2. Es un asunto que se va a abordar este lunes en el Consejo Nacional del Agua.
Desde INECA se ha insistido en que el trasvase Tajo-Segura es “la piedra angular” de la actividad económica de la provincia de Alicante porque “no sólo afecta al sector agrario y de transformación agroalimentaria, sino que repercute además a los abastecimientos de 35 municipios” de las comarcas del Vinalopó, la Vega Baja y L’Alacantí, lo que supone más de 1,1 millón de personas abastecidas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla “y por ende a la actividad industrial y turística de todos ellos”.
La entidad insiste en que la provincia cuenta con más de 20.000 trabajadores vinculados directamente con las actividades agrícolas y un 3,3% del total de trabajadores de la provincia.
Además, “considera que es un momento inoportuno en plena fase de revisión del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, que en principio concluiría finalizar en la primavera de 2022, modificar las reglas de explotación de trasvase”.
Por ello, INECA apela a que las reglas de explotación “sean revisadas una vez que haya sido aprobado el plan hidrológico del Tajo en 2022, ya que este será el momento con el que se cuente con una serie hidrológica más ajustada y por tanto se puedan tomar mejores decisiones de carácter técnico”.
Asimismo, Francisco Llopis, director de Estudios del INECA ha señalado que el 60% del regadío de la provincia de Alicante depende directamente del trasvase Tajo-Segura, todo el sector de exportación y transformación está ligado a esta actividad agraria y ha añadido que de ser aprobados los cambios en las reglas de explotación afectarían también a las provincias de Murcia y Almería por lo que el número de perjudicados sería mucho mayor.
