La Diputación de Alicante ha aprobado un plan de ayudas dotado de seis millones de euros dirigido a autónomos, pymes y micropymes para minimizar el impacto económico de la crisis del coronavirus.
La dotación económica del plan se distribuye siguiendo un criterio de población y van a llegar a los 141 ayuntamientos de la provincia, que se serán los encargados de su tramitación y concesión entre los posibles beneficiarios.
A la comarca del Baix Vinalopó van a llegar ayudas por valor de más de 577.000 euros, repartidos en 367.000 para el Ayuntamiento de Elche, 113.000 euros para el de Santa Pola y casi 97.000 euros para el de Crevillent.
A la comarca del Medio Vinalopó, la aportación en ayudas de la institución provincial ascenderá a 465.600 euros. El Ayuntamiento de Elda tramitará ayudas por un volumen económico de 179.900 euros, el de Petrer dispondrá de 116.000 euros, mientras que en Novelda la aportación de la Diputación de Alicante será de 89.000 euros y en Aspe de 79.600 euros.
Las subvenciones se destinarán al pago del alquiler de locales comerciales o a gastos de luz, agua o consultoría y asesoría, entre otros. Las ayudas reforzarán las impulsadas por los consistorios de la provincia.
Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, ha resaltado que el plan de ayudas para para paliar los efectos de la crisis económica que arrastra la pandemia del coronavirus ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en la institución provincial.
Importe máximo de 2000 euros
El importe máximo de las ayudas por beneficiario será de 2000 euros y se subvencionarán gastos abonados entre el 1 de marzo de este año y el plazo que fije cada ayuntamiento para la presentación de las solicitudes.
Entre los requisitos para poder acceder a estas subvenciones está haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el estado de alarma o, en caso de mantener la misma, haber reducido la facturación correspondiente al mes anterior a la solicitud de la ayuda en el porcentaje que fije el ayuntamientos y, al menos, en un 50 % respecto del promedio facturado en el semestre anterior al inicio de la pandemia.
Además, se tendrá en cuenta a la hora de la concesión de la subvención el hecho de que la actividad afectada por el cierre no se haya visto compensada por el incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico.