La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) Elx-Crevillent ha logrado que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU emita, a través del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, una resolución que ha servido para suspender el desahucio de un vecino de Los Arenales del Sol de Elche y su familia, mujer e hija, porque no se le ofrece ninguna alternativa habitacional. Dice la ONU que eso conculca los Derechos Humanos y añade que el Estado español, como firmante de la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está obligado a acatar las resoluciones adoptadas por el citado Comité.
Así lo ha comunicado en un Auto el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche que ha explicado que la resolución comunicada por el Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU incide en que los desalojos no deberían dar lugar a que personas que se queden sin vivienda no dispongan de recursos por lo que el Estado “deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que proporcionen otra vivienda” o “tomar medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores suspendiendo el desalojo de la vivienda”.
La decisión del Comité de la ONU es provisional en tanto que analiza toda la documentación remitida por los servicios jurídicos de la PAH Elx-Crevillent para pronunciarse sobre el fondo del asunto, que es algo que se espera que ocurra en un plazo máximo de seis meses.
Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas Elx-Crevillent se confía en que la resolución definitiva ratifique los postulados de la comunicación inicial recibida, que, de momento ha permitido suspender el desahucio de la familia de Los Arenales del Sol.
Además, como recoge el Auto del Juzgado de Instrucción ilicitano, el colectivo ha reclamado tanto al Ayuntamiento ilicitano como a la Generalitat Valenciana a que actúen para ofrecer una alternativa habitacional a la familia afectada por el desahucio.
A juicio de la PAH Elx-Crevillent las argumentaciones jurídicas de la resolución que ha permitido suspender el desahucio en Los Arenales del Sol “viene a reforzar la lucha” de la plataforma “por el derecho a la vivienda”, colocándola “como elemento fundamental para reforzar y hacer posible la aplicación de los derechos económicos y sociales como sanidad, educación y servicios sociales”.
