El PP cifra una posible indemnización en 10 millones de euros

Para PSOE y Compromís el informe jurídico del Mercado Central de Elche cierra la puerta a indemnizaciones

El equipo de gobierno ratifica que el proyecto adjudicado está finiquitado y que no se va a ejecutar y el contrato va a ser rescindido

David Alberola García

Elche |

Mercado Central de Elche. | Onda Cero Elche

El informe jurídico externo encargado por el Ayuntamiento de Elche para concretar los efectos que en un posible litigio podría tener la resolución del contrato para la construcción de un nuevo Mercado Central llevan al equipo de gobierno a ratificarse en la decisión de no ejecutar el proyecto adjudicado en 2015 bajo el gobierno del PP.

Carlos González, alcalde de Elche, ha incidido este jueves en que no hay marcha atrás, en que las posibilidades de negociación con Aparcisa, empresa concesionaria de aquel proyecto, están agotadas y ha subrayado que, independientemente de que la mercantil ejerza su derecho a litigar, el ayuntamiento iniciará la ejecución de un nuevo proyecto ya que, en cualquier caso, en ese proceso judicial lo que se dirimirá será si la resolución del contrato acarrea o no indemnización.

“Nadie puede obligar la ejecución de un contrato contra la voluntad del ayuntamiento”, ha llegado a decir González que, respecto al informe jurídico elaborado a encargo del equipo de gobierno por especialistas del gabinete Cuatrecasas, ha valorado que el mismo es “claro” y “contundente” a la hora de defender que una rescisión del contrato firmado en 2015 no supondrá ni “indemnizaciones” ni “lucro cesante”, en ninguna proporción.

Según el alcalde de Elche, ello es posible a tenor de una doble cláusula recogida en el contrato firmado que, según entiende el informe jurídico, supone que Aparcisa asumió, por su “riesgo y ventura”, señalan esas cláusulas, que el proyecto no se llevaría a cabo por causas que pudieran sobrevenir durante la ejecución del mismo, sin que ello pudiera derivar en indemnizaciones.

Esos motivos sobrevenidos, a juicio del equipo de gobierno, son el requerimiento del organismo ICOMOS en el que se advierte que un mercado con aparcamiento pondría en riesgo la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Misteri d’Elx y la aparición del refugio antiaéreo de la Guerra Civil española localizado en la Plaza de las Flores y que está protegido por la Ley de Patrimonio Valenciano.

El alcalde de Elche ha sido contundente y entiende que el informe jurídico deja claro que la resolución del contrato no acarrea indemnizaciones ni lucro cesante.

El informe jurídico contratado por el ayuntamiento se ha hecho público toda vez que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo lo ha obligado a raíz de la demanda presentada por el PP de Elche ante la negativa a que se le diera acceso a él. En este sentido, el alcalde de Elche ha negado que esa negativa a facilitar a la oposición el informe jurídico haya respondido a querer dificultar la labor de fiscalización si no que ha sido consecuencia de una interpretación de la Ley de Transparencia y siempre, ha dicho, en busca de la defensa del interés general de la ciudad porque ha considerado que dar acceso a ese informe a Aparcisa supone mostrar una carta en un más que probable litigio judicial.

Tanto Carlos González como Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx, se han mostrado críticos con la postura del PP que, según han defendido, está más cerca de Aparcisa que del interés general de la ciudad.

El equipo de gobierno ha explicado que el expediente de resolución del contrato del Mercado Central está avanzado y que no hay marcha atrás. Ha incidido en que el ayuntamiento trabaja con los placeros del mercado provisional para tratar que se adhieran al nuevo proyecto que quiere impulsar, vinculado a una actuación integral en el entorno del centro comercial del caso urbano.

Diez millones de euros de indemnización para el PP

La visión de la situación es radicalmente distinta por parte del grupo municipal del PP de Elche que como les contábamos ya en el informativo de esta mañana cree que el informe elaborado por Cuatrecasas es ““político, parcial e incongruente”.

Pablo Ruz, portavoz del Grupo Popular, ha negado la mayor y dice que ese informe jurídico externo “abre la puerta a responsabilidades e indemnizaciones” que el portavoz popular ha estimado incluso en 10 millones de euros.