Regantes del trasvase Tajo-Segura de toda la provincia de Alicante se han reunido este martes con dos asuntos sobre la mesa: la modificación del decreto de sequía por parte del Ministerio para la Transición Ecológica que conlleva el incremento hasta los 1,3 euros el metro cúbico de agua del precio del agua desalada y, de otro lado, la intención del Gobierno central de plantear al Consejo de Estado, primero, y al Consejo de Ministros, más tarde, la aprobación de un plan de cuenca del Tajo en el que el incremento del caudal ecológico en 2026 y 2027 no se condicione a los resultados de la mejora del tratamiento del agua en la zona de Madrid, tal y como se acordó el pasado mes de noviembre en el Consejo Nacional del Agua.
Los regantes de la provincia, incluido los de la agricultura ilicitana, junto con los de Murcia y Almería, se concentran el día 11 en Madrid para exigir al Gobierno una rectificación.
Los agricultores insisten en que el trasvase a la cuenca del Segura desaparecerá si, como plantea aprobar el Ministerio para la Transición Ecológica, el caudal ecológico en el Tajo se incrementa por encima de los 8 metros cúbicos de agua por segundo en 2026.
Esa situación afecta directamente al futuro de miles de puestos de trabajo, y por tanto, al futuro, en el Camp d’Elx y en la agricultura del sur de la provincia de Alicante, de la Vega Baja, pero también de zonas de la comarca de L’Alacantí.
Los regantes están decididos a endurecer las movilizaciones. De momento, el 11 de enero se desplazan a Madrid para concentrarse frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica.
Los agricultores insisten en que este año 2023 es año de elecciones y con ello, dicen, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, tendrá que dar explicaciones y cuentas a los ciudadanos, y por tanto a los votantes.
