El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso interpuesto por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche contra el decreto del gobierno valenciano que, en agosto del año 2022, creó los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante (UA).
La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso en casación ante el propio Alto tribunal valenciano.
El fallo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano valida conforme a ley el decreto del Consell señalando que “el propio éxito de la convocatoria de plazas para el alumnado que se incorpora al nuevo grado de medicina implantado” por la Universidad de Alicante, “junto con los informes oficiales valorados por la Sala”, cerciora “la necesidad de esos nuevos estudios”.
El TSJCV recuerda en su sentencia que la elevada demanda de esos estudios de la UA, que, incide, “la convierten en la segunda titulación más solicitada en la Comunidad Valenciana, “no ha supuesto un descenso en la matriculación de estudiantes de medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche” en el presente curso 2023-2024.
Con ello, destaca el tribunal “quedan soslayados todos los temores mostrados de que una duplicación de las plazas ofertadas para candidatos a esos estudios en el campus de Alicante vaya a suponer perjuicios o mermas de matriculaciones o de la calidad de la docencia en las enseñanzas” que se cursan en la Universidad Miguel Hernández.
La resolución desestima los motivos de impugnación alegados por la UMH de Elche en su recurso y concluye que el decreto de la Generalitat Valenciana “se ha elaborado con todas las garantías legales” y “está suficientemente motivado” porque, según señalan los ponentes de la sentencia, obran en el expediente administrativo “todos los informes preceptivos, y en sentido favorable, precisos para la aprobación de los estudios de grado del título de Medicina cuestionado”, entre ellos los que aluden a la “suficiencia de recursos y a la ausencia de incremento de gasto” derivado de la autorización de la nueva titulación.
Además, la sentencia sostiene que “el hecho de que puedan existir recelos” en torno a la implantación del Grado de Medicina en la UA “por parte de determinados colectivos profesionales y del estudiantado no implica que tales intereses deban prevalecer sobre el general”, que es el que, insisten los magistrados, “debe prevalecer, y es el que avala la nueva docencia autorizada”.
Asimismo, la resolución apunta a que en el caso de que puedan existir “ciertas objeciones” para los centros de prácticas médicas “no significa que esos inconvenientes “se vayan a perpetuar para el futuro”.
