El Tribunal Supremo comparte con ello el criterio del TSJ de la Comunitat Valenciana que "de forma categórica" afirma que en la Memoria del Plan que se examina se trata con suficiente extensión el objeto, la situación, del Medio físico, de su situación actual, de las condiciones con el entorno, así como de la medición del área y; de la descripción de la ordenación propuesta.
El Alto tribunal resuelve que la ordenación planteada en el PRI “está suficientemente justificada y en absoluto puede calificarse de arbitraria o carente de justificación”. Añade que ese planeamiento “podrá gustar más o menos, pero lo que se propone, no puede en base a motivaciones subjetivas anularse”.
La resolución, contra la que no cabe recurso por lo que es firme, condena en costas a los recurrentes, que son los placeros que no se adhirieron al proyecto adjudicado en la pasada legislatura y que a día de hoy permanecen en el viejo edificio, concretamente en la primera planta del mismo. Los demandantes tendrá que hacer frente al pago de esas costas “pero limitado a la cuantía de 4.000 euros” para cada una de las Administraciones recurridas.
