Altea suspende la emisión del informe de compatibilidad urbanística durante un año con el objetivo de estudiar la situación real del municipio en esa materia para hacerla más sostenible.
Actualmente hay en Altea 2.200 viviendas legalmente implantadas, lo que representa más del 12% del total de la oferta turística alteana.
Así las cosas, el objetivo último de esta medida, aprobada ayer en el plenario alteano, es realizar un diagnóstico en profundidad que de cuenta del estado actual de la cuestión para ordenar y regular este tipo de vivienda que ha sido, informan desde el consistorio, recurrente en el ámbito municipal de Altea.
Las consecuencias, según defienden desde el equipo de gobierno que encabeza Diego Zaragozí, han sido, entre otras, “el encarecimiento de los alquileres residenciales, la gentrificación del núcleo antiguo y las posibles molestias de convivencia”.
La regularización que el ayuntamiento pretende hacer va a permitir, aseguran desde el gobierno local, “garantizar una convivencia armoniosa” entre residentes y turistas y preservar el patrimonio arquitectónico del núcleo antiguo de Altea.
En los próximos meses se reunirá el ayuntamiento con las asociaciones y varias entidades, así como especialistas en el sector para proponer medidas de gestión sostenible de este sector. Una decisión que el gobierno alteano califica de “trascendente”.
