Todos los grupos del consistorio de Benidorm han apoyado la moción que busca liquidar el contrato con la mercantil adjudicataria del parquin de L'Aigüera hasta 2023 y la reclamación de más de 640.000 euros por los beneficios obtenidos ilícitamente en un periodo de dos años.
Un largo proceso judicial ha precedido a esta decisión ya que la mercantil mercantil Aparcaments Concertats S.A., (hoy FCC Medi Ambient S.A.O.) desde que lo denunciara el entonces concejal de Ciudadanos Juan Balastegui ante la Agencia Valenciana Antifraude que dictaminó, en noviembre de 2023, que hubo, efectivamente, fraude de ley, como corroboró luego el Consell Jurídic Consultiu.
La irregularidad estaba en la prórroga que se concedió a la empresa, primero de seis meses prorrogables a un año, como contemplaba el contrato, pero que luego continuó, ya de manera irregular, entre el 1 de Junio de 2021 a febrero de 2023, cuando se hizo cargo del parquin el consistorio.
Finalmente, el consistorio declaró nulo el periodo al que aludía el Consell y diversos informes fijaron la cantidad a reclamar en casi 698.000 euros (algo superior a lo que especlaba la Agencia Antifraude que lo fijaba en 603.000). El último de los informes técnicos, del Departamento de Ingeniería Municipal, corregía la cifra y la dejaba en la cantidad aprobada hoy, una vez revisado el periodo al que afecta la irregularidad, como explicaba la edil del área, Lourdes Caselles.
El contratista y el avalista disponen ahora de un plazo de 10 días para solicitar audiencia y presentar alegaciones.
Por su parte, el PSOE recordaba al gobierno que todo este proceso es debido a la mala gestión que se ha llevado a cabo por el PP y que, si no fuera por la oposición, que lo llevó a la Agencia Antifraude, se hubieran perdido más de 660.000 euros, según dictaminaba la portavoz Cristina Escoda.
Respondía Caselles que el consistorio ha hecho siempre lo que han recomendado los técnicos y la ley y que, en el momento de la prórroga tres informes avalaron la continuidad del contrato, incluido el del Secretario General y ha recordado que la nulidad era debido al tipo de contrato y no al hecho mismo de la prórroga.
Movilidad
En el mismo pleno se ha aprobado la ordenanza de movilidad que permitirá avanzar en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones
Sentencias
El pleno de Benidorm también ha aprobado una modificación presupuestaria de 518.000 € para hacer frente a una sentencia que le obliga al pago de esta cantidad a la mercantil urbanizadora del PAU 1 de El Murtal
Esta modificación, la quinta desde la aprobación de los presupuestos, ha sido solicitada por urbanismo y es imputable al patrimonio municipal del suelo según explicaba la edil Aída García Mayor
Desde el PSOE, el concejal Antonio Charco ha recordado que ahora se va a retirar a esta empresa la condición de agente urbanizador perdiéndose la fianza interpuesta y ha criticado que la gestión de los contratos urbanísticos en Benidorm es nefasta y está llena de agujeros por los que se va el dinero.
Por otra parte, en el apartado de dación de cuentas, se ha informado al pleno del recurso de casación presentado por el consistorio ante el Supremo ante la sentencia que obliga a pagar a Benidorm 283 millones de euros y sus intereses a dos mercantiles en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad en Serra Gelada.
