Benidorm pide paralizar el derribo de las torres de Punta Llisera al Tribunal Superior de Justicia, que decretó su demolición al considerarlas ilegales
El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado, dentro del plazo previsto, alegaciones al proyecto de derribo de las torres Gemelos XVIII, en Punta Llisera. Lo ha hecho, según ha declarado el alcalde, Toni Pérez, a Onda Cero Marina Baixa, para defender el interés general no sólo del municipio de Benidorm sino también de todos los que disfrutan del parque natural de Serra Gelada, ubicado junto a las torres, de las playas y la propia bahía.
“Con esta alegación solicitamos que dicha demolición esté sujeta a todos los controles y evaluaciones que haya que hacer con respecto al impacto ambiental, que las Administraciones deben observar, con exquisitez, cuando hablamos de un entorno frágil, donde ahora hay una edificación existente, que sustituye a otra edificación anterior, donde los procesos de demolición pueden generar consecuencias no deseadas, y en ese sentido va la alegación de Benidorm”, ha explicado el primer edil benidormense.
Para el Ayuntamiento la demolición debe considerar una serie de condicionamientos ya contemplados en informes previos. Pérez así lo ha manifestado incidiendo en que “el proceso constructivo debe minimizar unas afecciones que afectan a la movilidad, a las edificaciones cercanas y al medio natural, sabiendo que nos encontramos a la entrada de un parque natural. Todo ello debe ser evaluado y es lo que hemos presentado en la alegación para que sea considerada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”.
Las torres sobre las que se ha decretado la demolición tienen 22 alturas y su licencia inicial data de 1988, si bien la aprobación definitiva fue autorizada por el Consell en 2005. Las obras finalizaron en 2010, tras lo cual se inició un periplo judicial impulsado por vecinos del edificio anexo. En 2012 los tribunales anulaban las sentencias, considerando que los edificios están fuera de ordenación urbanística e invadían la zona de dominio público-terrestre, y finalmente se ordenó su demolición hace cinco años.
