FPO y Rucalaf son copropietarias, junto al empresario Antonio Puchades, de dos fincas registrales en Serra Gelada en lo que podría entenderse como “primera línea de costa”. En 2001, un acuerdo plenario del ayuntamiento de Benidorm suspendió las licencias de construcción en Serra Gelada y, a cambio, según aprobó en 2003, consideró cambiar el aprovechamiento de suelo equivalente de estos propietarios por terrenos en otros lugares con planes de desarrollo de la ciudad. Así, en 2004 el consistorio llegó ceder una reserva de suelo municipal en el sector “Armanello” que no se ha materializado al no haberse aprobado la reparcelación de este sector. Las empresas acusan al ayuntamiento de incumplimiento y el abogado de las empresas, Vicente Pérez Llorca, reclama que el consistorio "cumpla con el acuerdo". Recuerda que éste es e 2001 y que, por tanto, "llevamos ya casi 20 años sin que el ayuntamiento cumpla el acuerdo al que se llegó con los propietarios". Según sus cálculos, el acuerdo les daría derecho a un aprovechamiento de 87.384 m2 útiles.
Por su parte, la interpretación de la edil de urbanismo, Lourdes Caselles, es muy diferente: "no puede ejecutarse el acuerdo", dice, porque sobre ese acuerdo pesan varios procesos abiertos y recuerda que "por un lado está el inicio del proceso de revisión de oficio para declarar la nulidad de esos convenios y, por otro lado, que hay también un contencioso pendiente de sentencia por parte del TSJ de la Comunidad Valenciana, que ya le había dado la razón al ayuntamiento", matiza Caselles "y se recurrió por parte del demandante". Mientras se mantenga esa situación, no puede ejecutarse ese acuerdo, aunque la edil ha comunicado que la solicitud presentada por las empresas se ha trasladado a los servicios jurídicos para que valoren su validez.
