La Fiscalía Provincial de Alicante se ha opuesto a que se considere prescrita la causa contra dos exediles y 6 técnicos del Ayuntamiento de Benidorm por irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas en el conocido como “caso enchufes”.
Según la documentación a la que Onda Cero ha tenido acceso el Fiscal se opone a la prescripción de los delitos atribuidos a los investigados por no haber transcurrido el tiempo necesario para su prescripción ya que la denuncia de Fiscalía fue presentada el 15 de octubre de 2013 y no ha transcurrido el plazo de diez años por lo que “no procede la declaración de prescripción”.
Asimismo, afirma que “existen indicios de criminalidad sobre los investigados” y que los presuntos delitos que se les atribuye a los investigados son de carácter grave. Los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de Prevaricación, Malversación de fondos públicos y Tráfico de influencia, delitos sancionados, el más grave de ellos, con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre 7 y 10 años.
Se alinea de esta forma la Fiscalía con los argumentos esgrimidos por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos que actúa como parte denunciante y pide dirimir las posibles responsabilidades penales en el juicio oral.
La mayoría de los investigados recurrieron el auto de procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral mediante recursos de reforma pidiendo declarar prescrita la causa, salvo una de ellos que ha optado por el recurso de apelación al que también se opone Fiscalía.
En diciembre de 2021 el Juzgado de instrucción Nº2 de Benidorm dictaba auto de incoación de procedimiento abreviado contra los encausados. Se trataba del último paso previo antes de la apertura del juicio oral por lo que los encausados no tendrán más margen para recurrir si el juez estima las consideraciones del Fiscal.
La investigación parte de una denuncia del Ministerio Fiscal a instancias de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías y Bombero de Benidorm que ponía sobre aviso de la posibilidad de que los ahora acusados hubieran podido cometer presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
