El Juzgado de Instrucción nº2 de Benidorm ha desestimado los recursos de reforma que presentaron los investigados por el “Caso Enchufes” y confirma la incoación del procedimiento abreviado como paso previo a la apertura de juicio oral.
En el auto de mayo, al que Onda Cero ha tenido acceso la magistrada titular del juzgado desestima los recursos de reforma interpuestos por la que era edil de Hacienda en la época de los hechos, Natalia Guijarro, el coordinador de RR.HH del Ayuntamiento en ese momento, Daniel Caneiro, la Jefa de Personal del Ayuntamiento y dos técnicos municipales y ratifica otro auto del pasado 2 de diciembre en el que se dictaba continuar con la tramitación de las diligencias previas para abrir procedimiento abreviado. Ya no hay más margen para recurrir por lo que el siguiente paso será la apertura de juicio oral.
La magistrada entiende que los delitos atribuidos a los investigados, Prevaricación, Malversación de fondos públicos y Tráfico de influencia no pueden declararse prescritos porque “no ha transcurrido el tiempo necesario” para ello. Asimismo, estima que el procedimiento abreviado “cumple con la finalidad prevista en la LECRIM” para concretar los hechos y sus responsables y que debe ser el juicio oral “el momento procesal adecuado” para determinar la existencia o no de responsabilidades penales de los encausados.
El resto de los acusados no presentaron recurso.
CASO ENCHUFES
La investigación parte de una denuncia del Ministerio Fiscal a instancias de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías y Bombero de Benidorm que ponía sobre aviso de la posibilidad de que los ahora acusados hubieran podido cometer presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
La denuncia apuntaba a que la Relación de Puestos de Trabajo del año 2010, aprobada en peno pese a un informe contrario del Interventor Municipal, incluía una subida salarial que suponía un aumento de la masa salarial del personal del Ayuntamiento superior a la máxima autorizada para ese año. Además, también “se crearon y cubrieron determinadas plazas cuya urgencia y necesidad no estaba justificada”. Asimismo, la acusación también recoge la creación y cobertura “de un elevado número de plazas de personal laboral temporal” pese a las restricciones establecidas por ley en ese momento. Así cuando la tasa establecida para el personal funcionario de nuevo ingreso era de 3, fueron 13 los que se incorporaron.
Todo ello produjo un desajuste en la partida presupuestaria de personal de 4,5 millones de euros.
También se investiga la cobertura de cierta plaza por el sistema de concurso-oposición y que, según los denunciantes, fueron “personas con relaciones familiares y políticas con el equipo de gobierno” la que accedieron a las mismas.
