La decisión adoptada ayer en el pleno se basa en un informe del Consell Jurídic Consultiu que señala que se adjudicó un contrato de concesión con acuerdo a un régimen distinto del régimen jurídico que luego se formalizó. Así, "el contenido contractual fue ampliamente incumplido desde el principio”, se lee en el documento, aunque conmina al ayuntamiento a reconocer su parte de culpa al haber consentido esa situación durante varios años.
Términos del contrato
En el contrato, que fue calificado de “leonino” por el edil del área, Diego Zaragozí, la única obligación contraída por la empresa, la construcción de 5 aparcamientos, (uno en el Paseo del Mediterráneo, Plaza del Convento, Plaza de los Deportes, Palau de las Bellas Artes y la plaza frente al Centro Social ) no se ha cumplido: sólo hay uno, el del CEM, habiendo pasado ya de largo un tercio del periodo de concesión.
Además, el consistorio se hace cargo de los gastos de estancia en el retén, de los vehículos retirados por la grúa. En 2011 se condenó al ayuntamiento a abonar medio millón de euros por facturas impagadas y aún está en vía judicial otro contencioso que reclama al municipio el abono de 15’7 millones de euros por el mismo concepto.
La nulidad de pleno derecho aprobada ayer conlleva la liquidación del contrato, incluyendo indemnizaciones. El ayuntamiento quiere adjudicar otro contrato en cuanto la nulidad sea firme.
En la mañana de hoy, martes. el alcalde de la localidad, Jaume Llinares, ofrecía una rueda de prensa para explicar esta decisión y recalcaba la "satisfacción" que han sentido "al encontrarnos que el Consell Jurídic Consultiu nos haya dado la razón". Llinares ha llamado también la atención de que se le hubiera concedido en su momento la concesión a una empresa "curiosamente creada tres meses antes de la oferta de la adjudicación, con 3.000 euros de capital y sin solvencia ni calificación", en lugar de a la que "ya estaba haciéndose cargo del servicio de la O.R.A. y la grúa".
Llinares destacaba también que "El Consell Jurídic Consultiu ya no duda en calificar de 'ilegal' el contrato de 2003 en el que se le da, además, una mejora en las condiciones para que el ayuntamiento se haga cargo de los gastos de todos los vehículos del depósito y de la grúa". El alcalde calcula que eso son unos "7.000 euros de inversión". Eso significa que el ayuntamiento ha pagado ya "unos 7 millones de euros" aparte de la reclamación de la deuda que asciende a "17 millones de euros en la actualidad".
Estas circunstancias eran valoradas por Diego Zaragozí en el pleno como "lesivas para el municipio y los ciudadanos de Altea", por lo que se lleva ya muchos meses intentando revertir esta situación.
