Los vecinos y vecinas de Monte Picayo amenazan con posibles acciones legales por la reciente reubicación de parte del proyecto de fotovoltaicas que deberá acompañar a la gigafactoría de Volkswagen. Aseguran sentirse indefensos y desconocer los motivos exactos que han llevado, concretamente, dicen, a la Generalitat a realizar este cambio. En este sentido, la Asociación de Vecinos de Monte Picayo avanza que, de llevarse a cabo el proyecto de esta manera, no solo tendrá efectos negativos sobre el medio ambiente de la zona sino incluso por la proximidad, también, del núcleo urbano
"Esta ubicación nos preocupa enormemente por tres motivos", explica el portavoz de la Asociación de Vecinos de Monte Picayo, Santos Martínez, en declaraciones a Onda Cero. "En primer lugar, porque el área afectada forma parte del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona y es paso de especies protegidas. En segundo lugar, la ubicación se corresponde con un espacio catalogado por la Generalitat como de alta capacidad agrológica que, además, se encuentra actualmente en producción. Y, por último, es, de todas las ubicaciones propuestas en las últimas fechas, la única que quedará a escasos metros de un núcleo urbano", alerta Martínez ante preguntas de esta emisora de radio.
A todo ello, Martínez suma el carácter eminentemente forestal de Monte Picayo y los acuíferos de la zona, que suministran el agua a los vecinos y vecinas. Dos elementos que, para la Asociación de Vecinos de Monte Picayo, se verían igualmente en jaque por las fotovoltaicas de Volkswagen.
"Sabemos, demás, que este tipo de infraestructuras puede incidir en la temperatura del medio y recordamos que nos encontramos completamente rodeados de masa forestal", afirma el portavoz de la Asociación de Vecinos de Monte Picayo, Santos Martínez. "Queremos recordar que recibimos el agua del Pozo del Serradal, que es susceptible de filtraciones. Por ello, solicitamos a las autoridades competentes que reconsideren la ubicación y, en caso de no ser así, anunciamos las medidas legales necesarias para impedir lo que consideramos un atropello y un presunto incumplimiento de la actual legislación", concluye Martínez en declaraciones a Onda Cero.
