A veinticuatro horas de la puesta de la primera piedra de la gigafactoría de Volkswagen por parte del Rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras muchas autoridades, protesta de las principales organizaciones del campo valenciano por las expropiaciones de Parc Sagunt II para la edificación de la futura gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de la automovilística alemana Volkswagen. Ha sido a las 09:00 horas y frente al Ayuntamiento de Puçol. El motivo no ha sido otro que el rechazo generalizado de los agricultores ante el incumplimiento del justiprecio por parte de las administraciones, que, por su parte, les han llevado incluso ante la justicia.
"Es otro gasto para el agricultor, que tiene que buscar procurador, abogado... Además del gasto de la Generalitat de buscar procuradores y abogados para defender lo que no se puede defender", afirma el delegado de la Asociación Valenciana de Agricultores en Puçol, Juan Carlos Piñol. "Hay dinero para Volkswagen, para el centro de formación de los futuros mecánicos de Volkswagen... Hay dinero para todo pero, para el agricultor, que es quien pone los terrenos, no hay nada", critica Piñol en declaraciones a Onda Cero Sagunto.
Para ello, los manifestantes han prendido fuego a una falla simbólica aprovechando, precisamente, estas fiestas falleras en una convocatoria conjunta de la Asociación Valenciana de Agricultores y de la Unió Llauradora. "Vemos totalmente injusto que el proceso de implantación de la multinacional acabe afectando a los propietarios de terrenos agrícolas", explica el secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris. "Seguimos considerando que es una injusticia y, por ello, hemos dado este nuevo paso adelante de protesta", destaca Peris en declaraciones a Onda Cero Sagunto.
La administración responde a los agricultores
Por su parte, Espais Econòmics Empresarials, que es la entidad pública que gestiona Parc Sagunt - y participada tanto por la Generalitat como por el Gobierno -, defiende estar abierta al diálogo y, en cualquier caso, afirma trabajar "a favor del interés general". "Mantenemos nuestro compromiso de diálogo pero debemos recordar que actuamos en base al interés general y de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos", destaca la presidenta de la entidad, María José Mira. "Por parte de Espais Econòmics, no hemos obligado a ningún expropiado a ir a los tribunales porque lo único que hemos impugnado es una resolución del jurado que consideramos que no es correcta en su metodología y es el propio jurado quien deberá defenderla", concluye Mira.
