La consellera de justicia en los Desayunos de Onda Cero y La Razón

Gabriela Bravo: “El ministro de justicia debería haber dimitido por el daño causado por las grabaciones de Lezo al Ministerio Fiscal”

La consellera de justicia, Gabriela Bravo, ha señalado que “tenemos un grave problema con algunos responsables políticos que creen que los jueces y los fiscales son marionetas”. En su opinión, “el daño que se ha causado en el marco de la operación Lezo con las grabaciones al ministerio fiscal, como mínimo debería haberse cobrado alguna dimisión. Pero en este país no tenemos costumbres europeas que deberíamos haber importado”. Por otra parte, ha asegurado la consellera que ha sido testigo de “las grandes miserias con las que trabaja el personal de justicia que se puede calificar como casi una obstrucción al desarrollo de su trabajo”. “Yo llevaba 4 meses en Valencia y el panorama era desolador. Mi ordenador necesitaba 20 minutos para arrancar, pero en ocasiones se paraba tranquilamente en mitad de un escrito de acusación o simplemente lo perdías”, añade. Bravo ha señalado que cuando llegó a la conselleria puso en marcha medidas de choque, mientras el ministerio, a su juicio, está ausente. Respecto al requisito lingüístico para todos los funcionarios, ha apuntado Gabriela Bravo que su voluntad ha sido que el idioma no fuera el protagonista de la ley de la función pública y “no se puede convertir en un trauma y va a ser fundamental para la modernización de la administración”.

ondacero.es

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La consellera de justicia, Gabriela Bravo, ha señalado que “tenemos un grave problema con algunos responsables políticos que creen que los jueces y los fiscales son marionetas”. En su opinión, “el daño que se ha causado en el marco de la operación Lezo con las grabaciones al ministerio fiscal, como mínimo debería haberse cobrado alguna dimisión. Pero en este país no tenemos costumbres europeas que deberíamos haber importado”. Por otra parte, ha asegurado la consellera que ha sido testigo de “las grandes miserias con las que trabaja el personal de justicia que se puede calificar como casi una obstrucción al desarrollo de su trabajo”. “Yo llevaba 4 meses en Valencia y el panorama era desolador. Mi ordenador necesitaba 20 minutos para arrancar, pero en ocasiones se paraba tranquilamente en mitad de un escrito de acusación o simplemente lo perdías”, añade. Bravo ha señalado que cuando llegó a la conselleria puso en marcha medidas de choque, mientras el ministerio, a su juicio, está ausente. Respecto al requisito lingüístico para todos los funcionarios, ha apuntado Gabriela Bravo que su voluntad ha sido que el idioma no fuera el protagonista de la ley de la función pública y “no se puede convertir en un trauma y va a ser fundamental para la modernización de la administración”.