La investigación de la Agencia Antifraude concluye provisionalmente que el gobierno local actuó para “desvirtuar” la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el entonces ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro. Esa ley impedía que diez de los 33 concejales del Ayuntamiento pudieran cobrar el complemento de dedicación exclusiva.
El ejecutivo municipal acordó que esos diez ediles sin dedicación exclusiva pertenecieran a los tres grupos políticos que entonces integraban el gobierno local: Compromís, PSPV y València en Comù. Sin embargo se les concedió un “sobresueldo” de cerca de 25.000 euros anuales, con el fin de igualar su retribución a la del resto de compañeros de corporación. En 2019, a raíz de una denuncia ante la Fiscalía que después fue archivada, el gobierno local retiró esos complementos.El montante total de los “sobresueldos” cobrados de manera irregular, según Antifraude, suma 772.000 euros entre los años 2015 y 2019. La investigación se centra en cinco concejales de Compromís, tres del PSPV-PSOE y dos de València en Comù
La Agencia afirma que “ni se motivaron ni se detallaron ni se han acreditado las competencias de los tenientes de alcaldes que justificaran la aplicación del complemento”. En sus primera conclusiones afirma este organismo que “el sistema de retribuciones establecido por el Gobierno si bien no sobrepasaba el límite legal de 25 concejales con dedicación exclusiva, de facto su efecto práctico fue que el Ayuntamiento retribuyó a 31 concejales durante la legislatura 2015-2019 el mismo importe en términos cuantitativos que el fijado por el pleno con dedicación exclusiva. Lo que materialmente puede implicar el incumplimiento del límite de cargos públicos con dedicación exclusiva”
El vicealcalde, Sergi Campillo, ha asegurado que “estos complementos se aprobaron acorde a ley y con la conformidad de la Intervención Municipal”. Campillo ha recordado que “este gobierno se redujo los suelos entre un 15 y un 20 por ciento respecto a lo que cobraban los ediles del PP cuando este partido gobernaba”. Por su parte la portavoz municipal del PP, María José Catalá ha pedido “depurar todas las responsabilidades y llegar hasta el final en este asunto”. “Si hay que devolver el dinero que se devuelva”, ha añadido la concejala.
Precedentes
El Ayuntamiento de València tiene ahora diez días para presentar sus alegaciones ante la Agencia Antifraude sobre este asunto. Pero lo cierto es que el gobierno local no suele atender los dictámenes de este organismo. A lo largo de los últimos años la Agencia ha cerrado al menos otras cuatro investigaciones contrarias a su gestión, por asuntos como sobrecostes, subvenciones o irregularidades en el nombramiento de funcionarios. En ninguno de estos casos el ejecutivo ha atendido las resolociones de este órgano creado por el Govern del Botànic, cuyos dictámenes no son vinculantes.
