La resolución de la Agencia Antifraude es consecuencia de un escrito del Partido Popular que cuestionaba el presunto fraccionamiento de facturas en la contratación del servicio de mediación hipotecaria con la cooperativa El Rogle. La adjudicación se realizó mediante la figura del procedimiento negociado sin publicidad al ser un contrato menor. Pero la Agencia considera que se hizo sin cumplir los requisitos legales y sin respetar el importe ni la duración previstos en el contrato. Además, según Antifraude, el actual gobierno local obvió los reparos del interventor del Ayuntamiento, que alerto del posible fraccionamiento.
No es la primera vez que la Agencia Antifraude cuestiona la actuación del actual ejecutivo municipal. El pasado mes de diciembre le ordenó –también a instancias del PP- anular la oposición realizada para cubrir un puesto de funcionario tras detectar graves irregularidades en la convocatoria. Pero como las resoluciones de este organismo no son vinculantes, el gobierno local hizo caso omiso a la petición de la Agencia en este claro caso de enchufismo que benefició a una persona afín a Compromis, que fue quien obtuvo plaza en la delegación de pedanías, precisamente una de las que controla está formación política.