El gobierno local se ha cansado de esperar a que el Congreso de los Diputados reforme la ley estatal de Mecenazgo, que es la que permite que la Iglesia no pague impuestos a los municipios. El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha anunciado que el pleno municipal de la próxima semana aprobará una moción para iniciar los trámites que reconozcan al Ayuntamiento la capacidad para cobrar estos tributos, en el caso de que los bienes no se destinen específicamente a fines religiosos. En concreto, el ejecutivo de Ribó solicitará un informe a su Jurado Tributario, que es el organismo encargado de resolver las reclamaciones en materia de aplicación de los impuestos municipales.
En caso de obtener una respuesta favorable –como ya ha ocurrido, por ejemplo, en Barcelona- el Ayuntamiento de València comenzará a girar recibos a la Iglesia a partir de 2022. El concejal Sanjuán ha recordado que en 2018 una sentencia de la Unión Europea consideró “ayudas de estado” y, por tanto ilegales, las exenciones fiscales que el gobierno de Italia concedía a la Iglesia. También ese mismo año, en España, un juzgado de Madrid avaló que el Ayuntamiento de Getafe cobrara el impuesto de obras (ICIO) por la reforma de un colegio religioso.
Una cuestión de justicia
El edil de Hacienda ha señalado que el Ayuntamiento pretende así “acabar con una situación que es injusta”. En este sentido ha afirmado que cobrar a la Iglesia el pago de impuestos por actividades lucrativas “no supone perseguir a ninguna entidad en concreto. Lo que no se puede es jugar con ventaja en el mercado y no pagar, por ejemplo, el IBI por tener un hospital privado o un local de hostelería”. Borja Sanjuán ha añadido que “no tiene sentido” que el hospital La Fe pague cada año por este impuesto unos dos millones anuales, mientras que la Casa de Salud (propiedad de una congregación religiosa) no abone los aproximadamente 150.000 euros que le corresponderían. Lo mismo ocurre con las diferentes sedes de la Universidad Católica de València, o con unos locales que la Iglesia tiene arrendados como “hostel” o albergue juvenil en la calle Guillem de Castro.
El concejal de Hacienda ha explicado que el Ayuntamiento deja de ingresar cada año por exenciones fiscales en torno a 4,3 millones de euros. De esa cantidad, alrededor de un 40 por ciento corresponde a bienes de la Iglesia que –según Sanjuán- en su mayoría se dedican a actividades lucrativas. El edil considera que una parte importante de ese dinero se podría recuperar, y ha recordado que la ley permitiría también reclamar los tributos no pagados en los últimos cuatro ejercicios.
