La consellera de vertebración del territorio, Mª José Salvador, asegura que el decreto permite contar con un marco estable que garantiza el derecho a la ciudadanía a emplear estas formas de transporte en condiciones óptimas y equilibradas para los sectores tanto del taxi como de las VTC.
Entre las medidas que contempla está la contratación con quince minutos previos a la prestación del servicio, la prohibición de usar herramientas de geolocalización para captar clientes o tampoco podrán circular por las vías públicas para localizarlos. Ante la posibilidad de que las plataformas de VTC puedan reclamar judicialmente dice Salvador que la abogacía concluye que no hay derecho a indemnización.
Recordar que el Estado ha habilitado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a modificar las condiciones de explotación de las autorizaciones VTC debido al aumento que se ha producido en este sector.