Gisbert: "Nos preocupa la juventud, el machismo no desaparece"
La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana se ha mostrado muy preocupada por el incremento de la violencia de género y las agresiones sexuales en la Comunitat.
La Fiscal Superior, Teresa Gisbert ha comparecido por primera vez en les Corts para presentar su memoria de 2018.
En ese período ha aumentado un 35 por ciento las agresiones sexuales y un 15 por ciento los abusos sexuales en la Comunitat.
Además, este año ya han muerto 7 mujeres en la Comunitat, seis de ellas en Alicante. La fiscal se ha mostrado preocupada, sobretodo, por los comportamientos machistas entre los más jóvenes.
La Fiscal Superior ha reclamado más esfuerzo en prevención y educación en igualdad en todos los ciclos formativos para atajar también tendencias como la de las agresiones sexuales en grupo.
Gisbert también ha exigido derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un máximo de seis meses de instrucción, para evitar la impunidad de los agresores en casos como el del acusado en el caso de Marta Calvo, al que ha calificado como depredador asesino.
Más allá de este caso, propone reformar la Ley del Jurado, al entender que "no tiene razón de ser" que algunos delitos castigados con multa o unos meses de prisión supongan juicios que se alargan durante días. También apuesta porque sea voluntario y no obligatorio formar parte de un jurado.
En materia de violencia de género, la Fiscalía de la Comunitat pide la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la dispensa a la obligación de declarar por razones familiares, ante "la imposibilidad de saber si se hace por temor, coacción o simplemente porque se es consciente de que lo denunciado no era cierto".
Por otro lado, plantea la posibilidad de que el cese de la patria potestad se pueda llevar a cabo mediante un acto de jurisdicción voluntaria, sin tener que acudir a un juicio ordinario de tramitación más lenta, y lamenta la intervención "superflua" del ministerio fiscal en el ámbito laboral-social y contencioso-administrativo.
También pide revisar el régimen de guardias de las fiscalías de menores, algunas con un volumen de trabajo tan elevado que "haría aconsejable que se instauraran las de 24 horas", y atender la imparcialidad objetiva de los jueces de menores y la implantación de un criminólogo en los equipos técnicos para "atender brotes delincuenciales y las necesidades de los menores desde otra perspectiva".