El juez, además, ha mandado que se expida comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Hong Kong con el objetivo de averiguar la identidad de las personas titulares y autorizadas de las cuentas del banco chino donde se enviaba el dinero defraudado. El instructor judicial también ha ordenado varias acciones encaminadas a esclarecer la procedencia del dominio y de la dirección de email que utilizó el presunto estafador para hacerse pasar por un abogado de una reconocida consultora.
En las últimas horas se ha conocido un informe solicitado a Telefónica por la dirección de la EMT, que indica que la trabajadora despedida fue inducida a colaborar con los estafadores mediante técnicas de ingeniería social. El informe dice además que no se han hallado pruebas de que la empleada fuera consciente del fraude.
Mientras tanto, el PP ha denunciado que sólo se les han entregado 8 documentos de un total de 30 que habían solicitado a la EMT dentro del plan de trabajo de la comisión de investigación. La portavoz municipal del PP, María José Catalá, ha dicho que esto no hace sino "incrementar la sospecha de que el gobierno local intenta ocultar algo". El PP, además, ha enviado una comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos para conocer si la EMT ha informado sobre la fuga de datos sensibles que se ha producido en la empresa como consecuencia de la estafa, tal y como establece la ley en estos casos.