El tribunal ha fijado 44 sesiones de juicio a esta pieza sobre la contratación de pantallas y megafonía a empresas de la red para los actos de la visita de Benedicto XVI a València, que se celebrará en la sede de San Fernando de Henares (Madrid).
Cotino se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel, aunque es el exdirector de la televisión pública valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno sobre quien recae la mayor petición de pena, 40 años.
También se juzgará a varios altos cargos de RTVV, así como al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa (que se enfrenta a 38 años de cárcel); su número dos, Pablo Crespo (37); Álvaro Pérez, "El Bigotes" (37), y el considerado blanqueador del grupo y exvicepresidente de Repsol YPF Jose Ramón Blanco Balín (18), todos ellos condenados por otras piezas de la trama.
Los hechos se acotan a la contratación de alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía, cuyo coste, 7 millones de euros, supuestamente fue fijado por los imputados, quienes decidieron que lo asumiera el ente público RTVV, que a su vez lo adjudicaría a través de Teconsa, empresa pantalla del grupo Correa.
La Fiscalía acusa en este procedimiento de delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación, fraude, falsedad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho.
Según el ministerio público, Cotino, "El Bigotes", Crespo, Correa y Gimeno "acordaron" atribuir a RTVV el coste de ese contrato para "apoderarse directamente de los fondos públicos" de la televisión valenciana a los que su entonces director "tenía más fácil acceso".
De esta forma, según el fiscal, Gimeno logró "sustraer fondos públicos" de la RTVV por 3,3 millones de euros, que se repartió con Correa, Crespo, "El Bigotes" y Blanco Balín.
El servicio fue adjudicado presuntamente de forma irregular a Tecosna "gracias a la voluntaria y consciente actuación" de empleados de RTVV a los que también acusa la Fiscalía: Ricardo Calatayud, Luis Sabater Balaguer, Antonio de la Viuda, Juan Prefaci, Encarnación Pérez, José Llorca, Vicente Sanz y Salvador Benjamín Íñiguez.
Paralelamente a esta causa, un juzgado de València investiga los contratos realizados por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la preparación de la visita del papa en un procedimiento en el que están imputados el expresidente valenciano Francisco Camps y otras siete personas, entre ellas el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero, por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude.