La principal reivindicación de PP, Ciudadanos y Vox es que el valenciano sea un mérito y no un requisito para los aspirantes a ocupar un puesto en la administración. Acusan al Botànic de introducir en esta ley un sesgo ideológico.
La ley introduce importantes novedades, como la contratación de 5 mil funcionarios en 2 años, la reducción de los cuerpos y escalas de la administración de 201 a 91 o la mejora de la movilidad interna de los funcionarios. También establece que los procesos selectivos de empleo se producirán en un plazo máximo de un año. Pero el punto de la ley que ha sido más cuestionado por la oposición es el que establece que los funcionarios de la Generalitat tendrán que saber valenciano.
En todo caso, las discrepancias entre la propia consellera y Compromís han obligado a dejar este punto fuera de la Ley. Se aprobará en un plazo máximo de un año, tras una comisión entre función pública y política lingüística. Es una decisión que ha criticado el diputado del PP, José Antonio Rovira.
Además del requisito lingüístico, la oposición también ha criticado que la ley no regule el teletrabajo, que tanto ha incrementado con la pandemia. Por ello, el diputado de Ciudadanos, Vicente Pérez, asegura que esta ley de la función pública ha quedado obsoleta antes de aprobarse.
Desde Compromís, la diputada Nathalie Torres, lamenta que la oposición defiende ahora a los empleados públicos que atacó cuando gobernaba. Y pone el ejemplo de la tasa de reposición, aprobada con el PP, al que acusa de no crear puestos de funcionarios en la Comunitat.
Es este el primer pleno en les Corts desde la declaración del estado de alarma con todos los diputados, los 99, que han estrenado mamparas entre escaños.