Actualmente existen en València algo más de 5.400 plazas de la ORA. De ellas, 660 están en la zona naranja de estacionamiento reservado a residentes de Ciutat Vella, y el resto son de zona azul. La nueva ordenanza de movilidad que entró en vigor hace unos meses prevé la creación también de zonas verdes de uso exclusivo para vecinos.
El nuevo contrato prevé que puedan crearse otras cinco mil nuevas plazas con aparcamiento regulado. Además la empresa adjudicataria podrá incrementar otras dos mil para compensar posibles peatonalizaciones. Pero Giuseppe Grezzi ha asegurado que serán siempre en estas zonas naranjas o verdes de preferencia residencial. El concejal de movilidad ha recordado que la licitación realizada por el PP en 2015, que el actual gobierno local paralizó, contemplaba la creación de diez mil plazas nuevas de zona azul.
El nuevo contrato de la ORA tendrá una vigencia de cinco años, durante los cuales la empresa adjudicataria cobrará algo más de 34 millones. Los nuevos pliegos obligarán a la contrata a instalar parquímetros nuevos y a disponer de coches ecólogicos con sistema de reconocimiento de matrículas, algo que también deberán llevar los vigilantes con el fin de agilizar las sanciones. Otra novedad es que los controladores deberán vigilar el estacionamiento indebido en las zonas de carga y descarga, o en las plazas reservadas a discapacitados.
Hace unos días la junta local de gobierno del Ayuntamiento aprobó además una modificación de la ordenanza de la ORA que permitirá que los vehículos ecológicos no tengan que pagar por aparcar en la zona azul durante los dos próximos años. La exención será para todos los que tengan la etiqueta de “cero emisiones” otorgada por la DGT, que deberá colocarse en un lugar visible del parabrisas delantero, de manera que los agentes de la ORA puedan verla. Este tipo de vehículos tampoco tendrán que pagar por estacionar en la zona naranja de Ciutat Vella, si disponen de la tarjeta de residentes.
La actual gestora de la ORA ha cobrado del Ayuntamiento 30 millones de euros sin contrato desde 2013, que es el año en que caducó. Una situación legal, pero que en varias ocasiones le han afeado al gobierno local tanto la Intervención Municipal como la Agencia Valenciana Antifraude.