Ha mostrado su preocupación ante la falta de vacunas para seguir con el proceso de vacunación especialmente en las residencias en las que todavía no se ha podido suministrar. Afirma que las consecuencias jurídicas hacia los que no han cumplido los protocolos establecidos las tiene claras y pueden llegar hasta los 30.000 euros si se considera como una falta grave. En cuanto a las responsabilidades políticas cree que deberían asumirse.
Sobre la opinión del president Ximo Puig de no suministrarles la segunda dosis reitera que será Salud Pública quien determine cuando se les vacuna. Reconoce que le preocupa la reducción de vacunas por parte de Pfizer e insiste que en estos momentos no se están suministrando primeras dosis si no las segundas conforme van llegando con el objetivo de completar el proceso de inmunización.
Insiste en que los profesionales de la sanidad privada están dentro del plan de vacunación pero si no hay vacunas hay que seguir otras prioridades. Confía en que haya pronto vacunas de otros laboratorios con una mayor producción.
