Además, la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas concederá casi 11 millones de euros a centros, viviendas tuteladas y entidades sociales para hacer frente a los gastos derivcados de la pandemia. Será a través de un decreto de subvenciones.
Son dos anunciado que ha realizado la vicepresidenta y consellera de Igualdad Mónica Oltra, durante su comparecencia en les Corts para explicar la situación de las residencias valencianas.
La valenciana es la tercera autonomía por la cola, en términos relativos, en relación a ancianos fallecidos en las residencias. Aún así la vicepresidenta Oltra ha manifestado su preocupación porque son en total 664 fallecidos, casi un tercio del total de la Comunitat.
Ha advertido que habrá sanciones para los 54 centros de día y 4 residencias, todos ellos privados, que todavía no han presentado sus planes de contingencia para hacer frente al coronavirus.
Los grupos de la oposición han acusado a Oltra de estar cayendo en los mismos errores dicen, que en la primera ola y denuncian falta de recursos y de transparencia. Lo señala la diputada del PP, Elena Bastidas y la de Ciudadanos, Cristina Gavarda.
Ante los reproches del PP por la gestión de la Generalitat en las residencias de Alcoi, Llíria y Vila-real, la consellera Oltra ha puesto el ejemplo del informe de inspección de la residencia San Llorenç en Vila-real. Constata que encontraron a un anciano totalmente desatendido en sus necesidades básicas tirado en el suelo de una habitación. Pero en este caso, lamenta Oltra, no hay un vídeo como el que mostraba a los ancianos abandonados en la residencia de Llíria.
Oltra ha añadido que entiende la indignación de los familiares de la residencia de Velluters en València, cuya gestión se ha adjudicado a Domus Vi, que ha gestionado la residencia de Alcoi donde han muerto la mitad de los residentes por cornavirus en la primera ola y la de Llíria, investigada por desatención a los ancianos.
La vicepresidenta ha indicado que la ley prima a estos grandes grupos empresariales y ha reiterado su petición de que el Gobierno de España cambie la ley de contratos públicos en el ámbito de los servicios sociales, para que no tenga más peso el precio que el bienestar.