Así lo ha desvelado Oltra en su comparecencia en Les Corts para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento en este caso, en la que ha defendido que los hechos probados "no hacen ninguna referencia a la Generalitat, la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas" ni a ella misma.
Según ha explicado, conoció los hechos el viernes 4 de agosto de 2017, mientras estaba de vacaciones, por una llamada que avisaba de la llegada de esta citación al domicilio. "Conocí este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo", ha indicado. La investigación en el centro había comenzado en el mes de febrero.
"Es posible que a muchos de ustedes les resulte difícil entender que me haya enterado de cosas de manera fortuita o circunstancial. Lo entiendo perfectamente. Yo también pensaría esto si no hubiera vivido el auténtico desbarajuste que nos encontramos en el sistema de protección de personas menores de edad", ha aseverado.
Así, ha asegurado que en 2015, se encontraron con un sistema "privatizado, sin orden ni concierto, sin instrucciones claras al personal, que funcionaba más por la inercia que la experiencia que por órdenes claras", algo que "ciertamente se intuía en la sentencia", aunque ha afirmado "no necesitar una sentencia para saberlo".
En este sentido, ha recordado su intervención en Les Corts del 24 de mayo de 2017, que fue "muy criticada" y que "resulta premonitoria". En aquel momento dijo: "Si de alguna cosa pecamos en la Conselleria al inicio del mandato fue pensar que, al menos, cuando llegamos a un departamento donde la dependencia estaba deshecha, la discapacidad desatendida, las personas mayores sin suficientes plazas y un sistema de accesibilidad ilegal, cuando todo estaba deshecho, pensábamos que al menos el tema de los niños y niñas no estaría tan mal". "Efectivamente, ahí me equivoqué", ha manifestado.
Y ha recalcado: "Nadie, ni dentro ni fuera de esta sala lamenta más que yo lo que le ha ocurrido a Maite porque es el triste colofón a la vida de una niña a quien todo falló desde el principio". Además, ha manifestado que desde que llegó al Consell ha tenido una "divisa", que es "trabajar cada día por tener una red de protección a los niños y niñas que lo requieren". "Un sistema que impida que haya más 'Maites'", ha aseverado.
TRATO DE FAVOR
"Es bien conocido que el condenado es una persona con quien mantuve una relación conyugal en el pasado, pero no es esta relación la que se ha juzgado en los tribunales. Más aún, esa relación no ha afectado en nada mis actuaciones al frente de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad ni en ningún otro ámbito del gobierno", ha manifestado.
Así, ha puesto como ejemplo que a su llegada al departamento, en 2015, informó de que esta persona todavía era formalmente su marido, por lo que entendía que "se imponía un deber de abstención por su parte de las decisiones que afectan a este centro, así como no intervenir en ningún asunto que tenga relación directa".
Respecto al trato de favor, ha defendido que el educador trabajaba en el centro desde 2010, cinco años antes de que ella fuera nombrada consellera, y que el centro es privado, por lo que es la dirección quien decide la contratación de trabajadores.
Para la vicepresidenta, es otra demostración de que no hubo trato de favor el hecho de que la defensa del acusado no conociera la existencia del informe de la Fundación Espill durante el primer juicio. "Me acusan de dar consignas para elaborar informes que benefician la estrategia de defensa del educador al mismo tiempo que también me acusan de ocultar esos mismos informes al tribunal. ¿En qué quedamos? Si se hubiera querido proteger a alguien, obviamente, 'ocultar' información que puede resultarle favorable no es la mejor manera, ¿no creen?", ha manifestado.
También ha negado que se diera un trato de favor al centro, al que se dan subvenciones desde 1997, y que en 2017 se le realizaron tres inspecciones, la última el 31 de octubre. "Con el PP solo en cinco años hubo una", ha aseverado.
"OCULTACIÓN DE APELLIDOS"
Respecto a la "ocultación de los apellidos" del acusado, han estudiado 60 informes de este tipo para "comparar la mecánica", y han concluido que "la metodología es bastante aleatoria y depende del criterio de quien redacta el informe". En este caso concreto, el educador aparece nombrado 60 veces: tres con nombre completo, el "educador" en 45 ocasiones; el nombre con el apellido, en una ocasión y el nombre y la inicial del apellido en otra ocasión.
También ha negado que la actuación fuera diferente al del centro de Segorbe, del mismo año; y ha descartado sesgo en la actuación de las funcionarias de Conselleria y la del Instituto de Medicina Legal, ya que ambas pertenecen a la misma administración, la Generalitat.
Igualmente, ha asegurado que la sentencia "valora, pero no prueba" que se haya producido una situación de "hostilidad" por parte de la Conselleria por el hecho de que las trabajadoras consideraran poco creíble su relato, y ha remarcado que ninguna de ellas dijo tener ninguna consigna al respecto.
Respecto a la policía, ha afirmado que le queda "una pregunta" sobre la que "no tiene respuesta": "¿El grupo de menores de la Policía Nacional conocía en febrero de 2017 estos hechos? Según me he enterado por la sentencia, sí. ¿Lo comunicó a Fiscalía? ¿Se inició algún tipo de procedimiento o investigación?", se ha preguntado. En la réplica, ha negado que esto sea una crítica al cuerpo de seguridad.
CRONOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES
Durante su intervención, la vicepresidenta ha hecho una cronología de los hechos. En febrero de 2017, la directora del centro no vio indicios, y el 28 de ese mismo mes, la técnica de la Dirección Territorial afirmó que tampoco los veía.
Oltra ha explicado que el protocolo que regía en aquel momento no obligaba a comunicar los hechos a Fiscalía ni a instancias superiores de la Conselleria si no se veían indicios sólidos del delito, algo que cambió en septiembre de ese año, cuando una instrucción de la Dirección General de Infancia y Adolescencia exhortó a los centros a poner en conocimiento del fiscal cualquier denuncia de este tipo.
Los hechos llegaron a manos de la justicia a partir de junio, cuando la Policía encontró a la menor después de fugarse. Esto sucedió el día 22, y el 6, 10 y 14 de julio, la Fiscalía instó al traslado de centro de la menor, hecho que se produce el 16 de agosto.
El 28 de julio se acordó la prohibición al educador de aproximarse a menos de 200 metros de la menor y comunicarse con ella. Ya en agosto, después de que Oltra recibiera la citación el día 4, el lunes siguiente (7), el jefe de gabinete informa al subsecretario de la notificación, y el 8, la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordena la apertura de expediente informativo por haber tenido "conocimiento verbal en el día de hoy".
El 11, la subsecretaría dictó una resolución por la que instaba a las direcciones territoriales a ofrecer la máxima colaboración con Fiscalía de menores. El 21 de agosto, Infancia abre expediente y se deriva a la Fundación Espill para su valoración, que comienza el 25 de ese mismo mes. La valoración termina en noviembre, y se incorporan las conclusiones al expediente informativo de la dirección general, que se remite a Fiscalía el 30 de noviembre.
La oposición pide la dimisión de Oltra
El PP y Vox han pedido este miércoles en Les Corts la dimisión de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el caso de abusos de su exmarido, educador en un centro, a una menor tutelada y Ciudadanos le ha reprochado su "hostilidad y falta absoluta de empatía" con la víctima.
Así se han pronunciado los tres grupos de la oposición en sus respuestas a la comparecencia de la vicepresidenta en el pleno de Les Corts. Por su parte, el Botànic ha defendido a Oltra: Irene Gómez (Unides Podem) ha puesto en valor la nueva ley de Infancia aprobada en el Congreso; Carles Esteve (Compromís) ha destacado que la consellera ha dado explicaciones tres veces sobre este tema en Corts, y Rosa Peris (PSPV) ha centrado su intervención en denunciar la "invisibilidad" del abuso a los menores.
Entre la oposición, la portavoz adjunta del PP Elena Bastidas ha exigido que Oltra dimita o sea cesada por el 'president', Ximo Puig, ante su "mayor escándalo y negligencia", un caso que ha augurado que "no acabará hoy". "Usted es abogada y lo sabe, veremos si esto no y otras cosas no acaban con usted imputada", le ha avisado.
Para la 'popular', la vicepresidenta mantiene un "victimismo insoportable" tras "fallar a Maite, una niña que nadie creyó y sufrió el destierro y a la que solo ha hecho una mención en hora y media".
De Cs, Cristina Gabarda ha reprochado a la consellera su "hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima", recordando que era la máxima responsable política y que "no es culpable de un delito sexual, solo de sus actos que nadie pone en duda que le parezcan lamentables y bochornosos". "La Conselleria priorizó su honorabilidad por encima de la protección de la niña", ha espetado a la vicepresidenta.
Y la síndica de Vox, Ana Vega, ha acusado a la vicepresidenta de ser "culpable" no por su relación pasada con este "ser despreciable" sino como máxima responsable de la Conselleria "y de todos sus trabajadores incluido el depredador sexual". "Cualquiera diría que la víctima ha sido usted y no Maite", le ha espetado, y ha denunciado que el acusado se mantuvo "hasta finales de marzo con tareas administrativas en el mismo centro".
OLTRA: "NO LES INTERESA MAITE"
Oltra ha afeado a la oposición que "vienen con la réplica escrita" y "no escuchan". "Ustedes siguen mintiendo, mintiendo y mintiendo, pero por más que mientan no se convertirá en verdad", ha manifestado.
Además, les ha replicado: "No pueden venir aquí amparados en la inmunidad a decir que soy cómplice de esto. Ser cómplice de un delito de abusos sexuales es un delito. No les voy a tolerar que calumnien simplemente porque piensen que así es el juego político, porque no es así".
Por ello, le ha reprochado a Bastidas que "insinuara" que ella podía tener responsaibilidad penal. "No tengo por qué aguantar que ustedes calumnien y hablen de delitos gravísimos y que no vayan y pongan la denuncia". "Póngala. Pónganla, si tan convencidos están", ha instado. "Lo que pasa es que saben que están mintiendo, e ir a la justicia con una patraña es complicado", ha zanjado.
La vicepresidenta ha insistido en que ha dicho "la verdad" y les ha preguntado: "¿Por qué si no piensan ustedes que la mayoría de actuaciones se hacen en agosto?", cuando "se dieron cuenta" del caso en la dirección política de la Conselleria.
También les ha reprochado que no les interesa la víctima: "Si les importara, hubieran preguntado en qué situación está hoy". De hecho, ha criticado que Gabarda no estuviera presente en la respuesta a la contrarréplica: "Fíjense si les interesa que me he quedado sin interlocutora".
