Las salas de apuestas no podrán estar a menos de 850 metros de colegios
Los partidos del Botànic han pactado que se fije una distancia de 850 metros entre locales de juego y bares donde haya máquinas tragaperras con centros educativos, sanitarios y recintos deportivos, y se aplique una moratoria de cuatro años para autorizar nuevos locales y explotaciones de máquinas tragaperras.
Así lo han anunciado los ponentes de los grupos socialista, Compromís y Unides Podem al proyecto de ley del Juego, que después de haber presentado por separado sus enmiendas a la norma han llegado a acuerdos relacionados con la prevención de la ludopatía, la regulación del mercado y la publicidad.
Los tres grupos han acordado cambiar el título de la ley, para que sea la ley del Juego y prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana, e incorporar un capítulo dedicado a la prevención, así como que en el comisión de seguimiento sobre el juego esté la sociedad civil y expertos que atienden a los adictos al juego.
Respecto a las distancias, los tres partidos han acordado fijar un mínimo de 500 metros entre locales de juego, y de 850 metros entre estos y los colegios, los centros sanitarios y deportivos, que en el caso de las autorizaciones que están vigentes se aplicará cuando caduquen.
También se ha pactado eliminar las máquinas de apuestas en recintos deportivos y en los locales de hostelería, y en materia de publicidad han acordado restringir la publicidad en el ámbito autonómico y prohibir la publicidad estática que visibiliza dónde hay actividad de juego.
Asimismo, el Botànic quiere prohibir cualquier anuncio sobre juego en los medios de comunicación de titularidad pública de la Generalitat, y en los medios de titularidad privada se promoverán incentivos fiscales a los que hagan campañas de prevención y lucha contra la ludopatía.
Los tres partidos han asegurado que han buscado hacer una "ley de máximos" en la que solo se deje a futuros desarrollos reglamentarios cuestiones de tipo técnico y tecnológico y en la que se acometa un "abordaje integral" de la prevención de la ludopatía y la regulación del sector, sin dejar "agujeros".
El diputado socialista José Muñoz ha señalado que el objetivo que han buscado es que sea una ley "útil, que contemple todos los aspectos y marque el camino a la futura ley estatal" del Juego, y ha afirmado que están abiertos a estudiar las enmiendas de los otros grupos, para intentar "ampliar al máximo el acuerdo social".
La diputada de Compromís Graciela Ferrer ha destacado que si se hubiera esperado a introducir estos cambios en el proyecto de ley presentado por la Conselleria se hubiera demorado "dos años" la tramitación de un texto que no puede esperar por la "alarma social" que existe sobre el juego.
Ferran Martínez, de Unides Podem, ha asegurado que esta norma permitirá a la Comunitat Valenciana tener una de las legislaciones "más avanzadas y robustas" en España sobre el juego y esperan que sea "precursora" de la cambios a nivel estatal.
Los tres diputados han insistido en que entra dentro de la "normalidad legislativa" que cada uno de los grupos que dan apoyo al Consell hayan presentado sus propias enmiendas y luego hayan buscado acuerdos, porque la "esencia" de Les Corts es "negociar", y han reivindicado la "unidad" del Botànic".