La nueva sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios artículos de la ley que regula el impuesto de plusvalías deja en el aire una importante fuente de ingresos para los Ayuntamientos. En el caso de València, el consistorio lleva recaudados este año unos 27 millones de euros por este impuesto y podría acabar el ejercicio acercándose a 30 millones. No obstante el alcalde, Joan Ribó, se muestra prudente. Cree que hay que esperar a que en los próximos días se conozca el contenido de la sentencia antes de valorar el alcance real que tendrá.
El precedente de 2017
En 2017 el Tribunal Constitucional ya anuló el cobro del impuesto de plusvalías en el caso de las viviendas vendidas por un valor inferior al que tenía cuando se compró. El Ayuntamiento de València ya ha tenido que devolver a los contribuyentes alrededor de 4 millones de euros debido a este primer fallo. Una cantidad a la que habría que sumar todo lo que ha dejado de percibir después de esa primera sentencia del Constitucional. Este año, por ejemplo, ya son más de 200 las reclamaciones que lleva recibidas el consistorio para que se aplique ese fallo.
El gobierno local ha estado exigiendo al Gobierno de España que se le devuelva todo ese dinero, sin haberlo conseguido hasta ahora. Ahora, después de esta nueva sentencia, Joan Ribó ha vuelto a insistir en que si los ayuntamientos tuviesen una nueva pérdida de ingresos, el Estado debería compensarles:
Desde el PP se apuntan también a esta reclamación del alcalde. La concejala Paula Llobet espera que el Gobierno de España sea sensible con los ayuntamientos después de la nueva sentencia del Constitucional:
Para tranquilizar a los ayuntamientos el Gobierno de España ya ha dicho que trabajan en un borrador legal para garantizar la constitucionalidad del impuesto de plusvalías y permitir que las administraciones locales puedan seguir recaudando este tributo.